El 40% de los desplazados en Michoacán son menores de edad, afectados por la violencia del crimen organizado. Urge acción estatal para su protección.

Morelia, Michoacán.- Además de los reportes de desplazamiento forzado en las localidades El Guayabo, El Alcalde y Las Bateas, en el municipio de Apatzingán, se reporta que cerca de 40 por ciento de todos los desplazados de Michoacán por la inseguridad, la violencia y la operatividad del crimen organizado, son menores de edad.

En lo que va de este año, Michoacán enfrenta un alarmante incremento en los desplazamientos forzados a causa de la violencia vinculada al crimen organizado, particularmente en las comunidades señaladas del municipio de .

Ante esta situación, los desplazados han solicitado la instalación de una base militar permanente que garantice su seguridad y facilite su regreso.

Desplazados menores de edad

Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es que cerca del 40 por ciento de los desplazados en el estado son menores de edad, quienes huyen junto a sus familias de la violencia en la región de Tierra Caliente.

Aunque algunos logran encontrar refugio en albergues del DIF estatal, la mayoría se ve obligada a desplazarse a otras zonas más seguras.

Para atender esta problemática, el , ha firmado un acuerdo para diseñar una legislación enfocada en la protección y atención de las personas desplazadas dentro de la entidad.

El objetivo es mitigar el impacto de este fenómeno y ofrecer una respuesta más eficaz desde el ámbito estatal.

A nivel nacional, la violencia ha forzado la movilidad de aproximadamente 392 mil mexicanos en la última década, lo que posiciona a México como el segundo país de América Latina con mayor número de desplazamientos internos, solo detrás de Colombia.

Los desplazados demandan una presencia militar constante, ya que la vigilancia intermitente de las fuerzas de seguridad permite que los grupos delictivos continúen operando impunemente, especialmente en horarios nocturnos.

Ante la gravedad de la crisis, es urgente que las autoridades estatales y federales implementen estrategias integrales que no solo brinden seguridad inmediata, sino que también aborden las causas estructurales de la violencia, evitando que más familias se vean obligadas a abandonar sus hogares.