Se aprobó el martes una reforma constitucional por la Asamblea Legislativa de El Salvador controlada por el partido oficialista de Nuevas Ideas (NI), en que dicho cambio impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, permite cadena perpetua en los delitos de terrorismo, violación y homicidio.

Se menciona en la reforma del inciso segundo del artículo 27 de la Constitución del país centroamericano que “se prohibe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

Durante la sesión plenaria estuvo constituida por 54 legisladores de NI, tres aliados y 2 de oposición de los 60 diputados que la integran, solo se obtuvo un voto en contra que fue la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

Posteriormente de avalarse la medida, la cual no se estudio, ni existió un debate previo, dicha Asamblea deberá ratificar el proyecto en otra sesión plenaria para su cambio constitucional y entre en vigencia para su aplicación.

Por su parte el mandatario salvadoreño momentos antes de su aprobación en su cuenta de red social X dio el siguiente comentario: “vamos a ver quienes apoyan esta reforma y quienes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

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Bukele informó de esta decisión del congreso salvadoreño después de que se hiciera público un informe de expertos en derecho que señala a su gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad en los cuatro años que lleva en vigor el régimen de excepción.

Esta medida de excepción es el punto central de su discutida política de seguridad con la que desarticuló a pandillas y redujo significativamente la estadística de homicidios al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa mas alta de personas encarceladas.

Estas decisiones en la seguridad han generado la detención de alrededor de más de 85 mil personas según cifras, quienes terminaron presos en juicios masivos y sin respetar el debido proceso, acusan grupos de derechos humanos locales y organizaciones internacionales.

Fuente: BBC News