La Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó, con 330 votos a favor frente a 275 en contra, la proposición de ley planteada por la diputada laborista Kim Leadbeater para asimismo legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.
La diferencia de votos fue de 55, el cual permitirá que este texto prosiga con el trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores, antes de un voto al final que aún tardaría meses.
Por otro lado, los diputados expresaron sus opiniones y debatieron los diferentes puntos de vista desde las 9:30 h hasta alrededor de las 14:30 h local, cuando se dio a conocer el resultado de una votación en donde los partidos dieron a los parlamentarios libertad de sufragio, luego de considerar que se trata de un asunto de conciencia.
En cuanto al caso del primer ministro británico, Keir Starmer, quien había mantenido una posición neutra hasta ahora, el recuento de votos mostró que se posicionó a favor por proposición de la ley.
Sin embargo, la llamada «Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales», la iniciativa corresponde a Leadbeater como título personal, legalizado en Inglaterra y Gales, en cuanto a la producción de su aprobación definitiva, que los mayores de 18 años de edad que padezcan alguna enfermedad terminal puedan recibir asistencia para morir.
En comparación con propuestas pasadas, las cuales habían tenidos resultados fallidos, la iniciativa de Leadbeater impone más requisitos a los interesados, además de convertir en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o que incluso declare que quiere acabar con ella.
Por lo tanto, los interesados deberán ser residentes de Inglaterra o Gales y tener por lo menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de por lo menos seis meses, además de estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo «claro, firma, informado y libre de coerción o presión».
Sin embargo, los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, en cuanto a su deseo de morir, y también deberán someterse a la evaluación de dos médicos y de este modo obtener una orden judicial.
Mientras que en el texto aprobado dispone que, pese a que un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más tendrá autorización de administrarlo.
Cabe mencionar que durante el transcurso del debate, las puertas del Parlamento se manifestaron este viernes en diferentes organizaciones, inlcuidas las personas con discapacidades, tanto a favor y en contra del proyectó legislativo.
Fuente: López-Dóriga
