Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el estatus de la situación jurídica del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es de prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la República continúa con las pesquisas para dar con el paradero y cumplimentar la orden de aprehensión que giró una jueza den la Ciudad de México.

Durante el encuentro con medios de comunicación en Casa Michoacán, el mandatario estatal recalcó que se tiene información por parte de la FGR en el sentido de que Aureoles Conejo anda huyendo.

En ahondar en detalles, para no caer en la especulación, detalló que la Fiscalía lleva a cabo la investigación y la cumplimentación en varias partes del país, incluyendo Michoacán.

“Lo que sí es certero, lo que sí es claro, es que hay una orden de aprehensión por varios delitos precisos”, puntualizó el titular del Ejecutivo estatal.

Enfatizó que la investigación en contra del también exsenador de la República tiene varios años por parte del actual gobierno michoacano, cuya denuncia al respecto se presentó desde febrero de 2022.

“Este caso de los cuarteles en lo personal a mí me llamó la atención por el monto económico, son miles de millones de pesos por unos cuarteles, entonces no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos, de ninguna manera”.

Ejemplificó que por un cuartel se pagaron por el que se pagaron alrededor de 980 millones de pesos, cuando, según los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Federales, no rebasaba los 180 millones de pesos, es decir, cinco veces su costo.

Ramírez Bedolla también señaló irregularidades por adjudicaciones directas en base a una supuesta patente de construcción y no existe tal patente, “por lo tanto el argumento por lo cual se hizo la adjudicación directa es falso.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades, y en el último año de la administración silvanista, la ASF descubrió un quebranto de 22 mil millones de pesos.

“Es una investigación muy ardua, de tiempo completo, de la Contraloría del Estado, del Contralora Azucena Marín, de su equipo, para lograr que la FGR tuviera todos los elementos técnicos, financieros, legales, y finalmente integrar la carpeta de investigación, se presentara ante un juez y el juez emite las órdenes de aprehensión”.