Cuando ya se tenga autorización federal, buscan desde la bancada del Partido Verde suprimir las evaluaciones de impacto ambiental en Michoacán, propone Alfredo Anaya.
Morelia, Michoacán.- En el Congreso de Michoacán buscan suprimir las evaluaciones de impacto ambiental en estados y municipios, cuando ya se tenga una autorización federal.
Es a través de una reforma al Código de Desarrollo Urbano del Estado que está promoviendo el diputado Alfredo Anaya Orozco.
El diputado que busca suprimir los requisitos ambientales para la realización de obras, es integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado. Además, es empresario y cuenta con un permiso personal de explotación de agua por 118 mil metros cúbicos al año, otorgado por la Comisión Nacional del Agua desde abril de 1996.
En la exposición de motivos de su propuesta, señala que pese a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la práctica, el Estado de Michoacán y algunos municipios replican ese mismo proceso, exigiendo evaluaciones estatales o dictámenes adicionales, incluso cuando la obra ya fue analizada y autorizada por la Federación.
Argumenta que lo anterior “no sólo viola los principios de legalidad y mejora regulatoria, sino que transgrede el derecho de seguridad jurídica de los promoventes, quienes se enfrentan a decisiones contradictorias entre niveles de gobierno”.
Asimismo echa mano de criterios de la Suprema Corte de la Nación al referir que ésta “ha establecido en diversas tesis y jurisprudencias que cuando una materia está regulada de manera integral por el orden federal, las entidades federativas no pueden replicar o duplicar trámites con idéntico propósito, pues se violenta el principio de competencia y se incurre en actos de autoridad sin fundamento”.
Dice además que la exigencia de una evaluación estatal o municipal adicional, sin base técnica ni legal, cuando ya se cuenta con autorización federal, constituye una violación al artículo 4 de la Ley General de Mejora Regulatoria, generando un obstáculo regulatorio injustificado.
Alfredo Anaya asegura que la reforma que propone permite que las autoridades estatales y municipales concentren sus recursos en la vigilancia del cumplimiento de la autorización federal, en lugar de replicar procedimientos sin valor añadido.
Justifica además que la propuesta “no implica desproteger al medio ambiente, sino todo lo contrario: se enfoca en garantizar que las evaluaciones se hagan por la autoridad competente y con un solo trámite eficaz, sin multiplicar requisitos ni retrasar el desarrollo sostenible del estado.
