Morelia, Michoacán
Desde antes de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hubiera terminado de hacer las matemáticas y presentara una propuesta presupuestal para cubrir la elección de jueces y magistrados locales, los diputados ya habían estimado que costarían 98 millones de pesos, los cuales etiquetaron de antemano.
De acuerdo con la presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local, la elección está garantizada y ya se han reunido con el consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado, quien explicó que será más económica que las otras elecciones, puesto que no habrá prerrogativas para partidos políticos ni campañas electorales.
“El IEM tiene 475 millones, para la elección en específico se le etiquetaron 98 millones, que es con lo que se va a llevar a cabo el proceso”, precisó la diputada de Morena.
Sin embargo, estos 98 millones entran dentro del presupuesto del IEM, que Ignacio Hurtado declaró en su momento que estaba proyectado para cubrir únicamente gastos administrativos y de consultas a pueblos indígenas y que se esperaba un recurso extraordinario para cubrir el proceso.
Según Giulianna Bugarini, únicamente se requerirá imprimir boletas con esos recursos; sin embargo, el organismo electoral tendrá que instalar consejos distritales, lo cual implica el arriendo de inmuebles y equipo de cómputo y pago de servicios, así como el pago de los capacitadores electorales y los funcionarios de casilla, así como las erogaciones que representa la propia instalación de casillas, como renta de lonas y mobiliario.
La diputada agregó que se prevén mil 730 millones de pesos para retiro voluntario, jubilaciones y pensiones de trabajadores del Poder Judicial y aseguró que existe toda la disposición de que este “proceso histórico” salga adelante.
En cuanto a las leyes secundarias que hace falta implementar, los diputados de Morena descartaron que sean necesarias para llevar a cabo el proceso, por lo que la diputada Emma Rivera sugirió que podrían estarse aprobando hasta después de la elección.
No explicaron cómo se resolverá el tema de las vacantes que van quedando por retiro voluntario, que no están contempladas en la convocatoria, ni el de las nueve suspensiones judiciales sobre los cargos que están en juego, pero aseguraron que todo saldrá bien.
