Morelia, Michoacán.- La definición de la terna de aspirantes a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán sigue sin concretarse, no obstante, las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso del Estado volverán a intentar sesionar el próximo lunes 14 de julio a las 11:00 horas, en la Casona del Palacio Legislativo, en lo que será el cuarto intento por avanzar en este procedimiento.

La reunión originalmente programada para el jueves fue nuevamente cancelada, esta vez debido a que ese mismo día se llevó a cabo la sesión legislativa en la que se aprobó la convocatoria para el registro de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), por tal motivo, el encuentro entre comisiones se pospuso para no interferir con los trabajos del Pleno.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, esta sería la tercera suspensión consecutiva. La anterior reunión, citada para el martes 8 de julio, también fue cancelada a última hora, luego de que la diputada Anabet Franco Carrizales, presidenta de la Comisión de Justicia, notificara mediante oficio a su homóloga de la Comisión de Derechos Humanos, Xóchitl Gabriela Ruiz González, que no podrían asistir.

“Le informo que los y las diputadas integrantes de esta Comisión de Justicia estaremos imposibilitados para acudir a la reunión de trabajo”, señala el oficio.

Y agrega: “A la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia se nos han presentado otros asuntos de urgente resolución propios de nuestra representación popular y que requieren nuestra atención”.

El mismo día en que se suspendió la última reunión, el juez federal Sergio Santamaría Chamú concedió una suspensión provisional del proceso legislativo, al admitir el amparo 815/2025, promovido por el abogado Gumesindo García Morelos en representación de Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, actual funcionaria del Ejecutivo estatal.

La demanda cuestiona que la convocatoria emitida por el Congreso local —publicada el pasado 16 de junio—, no contiene medidas afirmativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al cargo.

El juez determinó que, mientras se analiza el fondo del asunto, el procedimiento debía detenerse de forma provisional.

Pese a ello, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Giulianna Bugarini Torres, reafirmó que el proceso de designación continúa su curso: “La Constitución es muy clara: las decisiones del Congreso no son impugnables vía juicio de amparo, porque representan un acto soberano y colegiado. Este proceso sigue su curso y así lo marca nuestra ley suprema”.

Asimismo, Bugarini defendió el contenido de la convocatoria: “La convocatoria para la designación observa plenamente los principios de paridad de género y respeta los derechos político-electorales de todas las personas participantes”.

En ese mismo tono, advirtió que el Congreso actuará con autonomía frente a presiones externas: “Las decisiones parlamentarias no pueden estar sujetas a presiones externas ni a intereses personales o de grupo, porque cada diputada y diputado representa la voluntad popular, no una causa particular”.