La incorporación de un militar vinculado a Ayotzinapa a la Policía de Uruapan desata críticas por su controvertido pasado.
Uruapan, Michoacán.– La posible integración del coronel retirado Juan Antonio Aranda Flores a la ha generado una oleada de críticas debido a su controvertido historial como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aunque aún no existe una confirmación oficial por parte del ayuntamiento que encabeza el alcalde Carlos Manzo, medios locales han difundido que Aranda Flores habría sido incorporado a la corporación policiaca municipal.
El nombre de Aranda Flores generó controversia poco más de un año después de que el gobierno estatal le otorgara el mando como Coordinador de Agrupamientos de la Guardia Civil de Michoacán.
El militar en Uruapan vinculado al caso Ayotzinapa
Su nombramiento, otorgado en abril de 2024 por el entonces secretario de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega Reyes, fue revocado tras una fuerte presión social, al salir a relucir su vínculo con uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país.
En el informe de 2022 de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se documentó que, bajo su mando, el 27 Batallón de Infantería de Iguala operaba como centro de inteligencia con el uso del software espía Pegasus.
Además, el informe detalla que esa unidad militar dio seguimiento en tiempo real a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Aranda Flores se encontraba esa noche en un evento con el entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa, mientras ocurría la desaparición de los estudiantes.
Posteriormente dijo que “los militares fueron los últimos en enterarse” de lo sucedido, aunque testimonios recabados en la investigación oficial apuntan a que al menos algunos de los normalistas fueron trasladados a instalaciones militares.
Guerreros Unidos
También se señala que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en complicidad con elementos de la policía municipal de Iguala, mantenían comunicación con un mando militar identificado como “el coronel”, a quien se presume sería Aranda Flores.
Mientras tanto, el único enjuiciado fue su subalterno, el general brigadier José Rodríguez Pérez, quien pasó dos años en prisión antes de obtener su libertad condicional al aportar pruebas que acreditaban su inocencia.
El regreso de Aranda Flores al ámbito de la seguridad pública, ahora presuntamente como parte de la Policía de Uruapan, ha sido interpretado como una afrenta por colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas.
Hasta el momento, ni el alcalde Carlos Manzo ni el propio gobierno estatal han ofrecido una postura clara frente a las denuncias públicas.
