+ Esto enfocado en la Defensoría Pública

Morelia, Michoacán | Redacción Agencia ACG.– Un grupo de defensoras y defensores públicos del estado denunció presuntas irregularidades administrativas y laborales al interior del Instituto de la Defensoría Pública, durante una rueda de prensa realizada por el Partido Revolucionario Institucional en el espacio denominado Tribuna del Pueblo.

Las y los trabajadores señalaron despidos sin debido proceso, cambios de adscripción forzados, hostigamiento laboral, negativa de permisos y falta de homologación salarial, situaciones que, afirmaron, afectan tanto a los empleados como a la atención jurídica que se brinda a personas de escasos recursos. Indicaron que la Defensoría Pública concentra entre el 70 y 80 por ciento de los asuntos que se tramitan en el Poder Judicial del Estado.

El defensor público Enrique Tobar Morales informó que fue separado de su cargo tras una queja presentada el 24 de noviembre de este año, sin que se le permitiera ofrecer pruebas para su defensa.

“El director del Instituto de la defensoría se asumió como órgano investigador, como un órgano juzgador, como un órgano
ejecutor, porque en esta diligencia del día de ayer, él determina que en uso de sus facultades que la ley le confiere, se da por terminada mi relación laboral con el Instituto de la Defensoría Pública sin darme la posibilidad de que yo pueda ofrecer y desahogar pruebas para acreditar que lo que se dice en esa queja es total y absolutamente falsa”

Añadió que en los últimos meses al menos seis defensores públicos se han visto obligados a renunciar debido a reubicaciones a otras regiones del estado, sin apoyos económicos para cubrir gastos de traslado o vivienda.

Por su parte, la defensora Yadira Espinoza Suazo denunció que mujeres trabajadoras del instituto han sido objeto de cambios de adscripción, pérdida de cargos y negativa de permisos, luego de manifestar inconformidades. Indicó que estos traslados implican afectaciones familiares y riesgos adicionales, al ser enviadas a regiones con mayores niveles de violencia.

Las y los denunciantes también señalaron posibles prácticas de nepotismo, la creación de una nómina paralela bajo la figura de “apoyo legal” y el incumplimiento de una resolución judicial que ordena otorgar la toma de nota al sindicato de defensores públicos, derivada de un amparo concedido en 2023.