La acción operativa se ejecutó al interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Tamaulipas.

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El Gobierno de México anunció la desarticulación de una célula delictiva dedicada a la extorsión que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Tamaulipas.

Lo anterior es resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, acción en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

A través de un comunicado se dio a conocer que trabajos de inteligencia permitieron identificar y desarticular la banda de extorsionadores, lo que derivó en la solicitud y cumplimiento de órdenes de aprehensión contra 12 de sus integrantes.

Como resultado de la investigación, se detectó que esta célula operaba mediante realización de llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Para ello utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.

Se ejecutaron órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 personas identificadas como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R”, mientras que a Eduardo “G” se le ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica.