Diferir las elecciones judiciales
Yurisha Andrade Morales*
La semana pasada concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión dejando pendiente revisar la posibilidad de diferir las elecciones judiciales para 2028 que, en este momento, están previstas para realizarse a la par de las demás elecciones, el domingo 6 de junio de 2027. Diversos líderes morenistas han declarado que el Congreso podría tener un periodo extraordinario de sesiones para deliberar sobre algunas iniciativas presentadas para reformar la reciente reforma al Poder Judicial, teniendo como antecedentes inmediatos las problemáticas vividas en 2025 y la solicitud presentada por el INE, bajo el argumento de que es casi imposible organizarlas en paralelo.
Conforme con datos preliminares, sabemos que el próximo año estarán en juego poco más de 19 mil 200 cargos, federales y locales, más la elección de alrededor de 3 mil 689 personas juzgadoras. De mantenerse la simultaneidad, dado que en las elecciones judiciales no participan los partidos políticos, el INE y los OPL tendrían que organizar las elecciones colocando mesas directivas de casillas diferenciadas, un paquete para recibir los votos de las demás elecciones y otro grupo para recibir los votos de personas juzgadoras, tal y como se hizo en los Estados de Durango y Veracruz en 2025, con diversas complicaciones de carácter logístico y político.
Entre los aspectos que proponen legisladoras y legisladores del oficialismo, destaca la idea de establecer como requisito que los aspirantes cuenten con una certificación obligatoria y que se sometan a exámenes técnicos que podrían ser preparados por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial, además de incluirse filtros más estrictos como la demostración de experiencia profesional, reducir el número de candidaturas por cargo y la integración de un comité único de evaluación, en vez de tres, como está en la actualidad.
Se trata de un tema de especial relevancia, por lo cual considero que es necesaria una evaluación profunda de la reforma judicial y su implementación queya en 2025 evidenció diversas problemáticas y cuyas soluciones exigen ajustes para garantizar su autenticidad, permitir contiendas con apego al principio de equidad, sincronizar las atribuciones que corresponden a las instancias que participan y garantizar la verificación de los requisitos que deben cumplir todas las y los aspirantes. De entrada, es necesario otorgar atribuciones exclusivas al INE y, en su ámbito geográfico, a los OPL, para que determinen el calendario de losprocesos electorales judiciales y se eviten las incongruencias vividas en 2025.
Tengo coincidencia en la necesidad de establecer requisitos más estrictos para las y los aspirantes, quienes deben demostrar experiencia y conocimientos, según sea el cargo por el que se participe, aunque los exámenes y la certificación que se proponen podrían estar a cargo de instituciones académicas de reconocido prestigio, tanto en el ámbito federal como en cada entidad federativa, lo cual podría redituar en mayor solidez y confianza en los instrumentos de evaluación. La integración de los comités de evaluación debe hacerse con criterios de imparcialidad y con personas separadas de los partidos políticos y funcionar con protocolos y normativas estandarizadas, además de apegarse al principio de máxima publicidad en todas sus actuaciones y resultados.
Impulsar ajustes a las normas constitucionales y legales que rigen la elección de personas juzgadoras, en estos y otros temas, debe asumirse como una oportunidad para corregir aspectos que generaron una enorme deliberación pública, sobre todo, en tópicos como el arbitraje realizado por autoridades electorales y por el uso de instrumentos como los llamados acordeones. México precisa de que sus procesos electorales estén apegados a los principios establecidos en nuestra Constitución, que gocen del reconocimiento ciudadano, de la aceptación de competidores y observadores internacionales, sobre su autenticidad e integridad. Veremos cuál es el desenlace y cuáles son los alcances de la posible nueva reforma judicial.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
