Editorial | CASO CARLOS MANZO: LOS HILOS SUELTOS
En las investigaciones para esclarecer la muerte violenta del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, si bien existen avances sustanciales, todo indica que a casi medio año del suceso se ha llegado a un punto muerto. Persisten interrogantes fundamentales por descifrar; sin embargo, donde no cabe duda es que el asesinato del también exlegislador federal y líder del «Movimiento del Sombrero» fue orquestado por el crimen organizado, mediante un complot gestado desde el interior de la estructura gubernamental de la «Perla del Cupatitzio».
Aquí los puntos clave:
El escolta prófugo: José Manuel Jiménez, exintegrante del Ejército Mexicano, fue el único de los ocho escoltas que huyó la noche del atentado. Resulta inexplicable que, a la fecha, no se haya emitido una ficha de búsqueda oficial ni se ofrezca recompensa por su captura.
El celular desaparecido: A pesar del tiempo transcurrido y la relevancia del dispositivo como evidencia, las autoridades no han recuperado el teléfono personal de Carlos Manzo. Se sabe que inicialmente estuvo en manos de su colaborador cercano, Esteban Rafael Constantino Magaña, quien posteriormente lo entregó a la alcaldesa Grecia Quiroz García.
El secretario particular: Sigfrido Mújica, exmilitar y expolicía federal que fungía como secretario particular del alcalde, no solo se ha negado a declarar, sino que se ha confirmado que mantiene su cargo público. Percibe su salario puntualmente sin presentarse a trabajar.
Denuncias sin certificar: Han pasado casi tres meses desde que la alcaldesa Grecia Quiroz y Juan Manzo solicitaron a la Fiscalía Estatal investigar a figuras políticas como Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel e Ignacio Campos Equihua. Llama la atención que los videos presentados como prueba aún no hayan sido certificados.
Defensa opaca: Existen serias contradicciones sobre si el Gobierno de Uruapan está costeando la defensa legal de los escoltas de Manzo, quienes actualmente están presos acusados de omisión. Llama la atención la demanda de que dichos elementos lleven su proceso judicial en libertad.
