Editorial

La consulta indígena en Michoacán inició en llamas, una radiografía perfecta de la desconexión institucional. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) intentó simular un consenso de escritorio, pero chocó de frente con la oposición comunal, recordando con fuego que la autonomía no se negocia con paliativos.

Aunque con un dejo de distancia de la Federación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a la prudencia y al diálogo tras el boicot del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM). Sin embargo, el mensaje oficial suena tardío ante un reclamo histórico que exige respeto real.

La imposición desde la capital del país, disfrazada de foro democrático, fue lo que verdaderamente encendió la pradera purépecha, provocando fallidos intentos en dos sedes del territorio michoacano: Pátzcuaro y Cheranástico, que fueron arteramente violentadas, demasiado.

Y es que no se puede convocar a debatir una ley de cientos de artículos en un par de horas. Por ello, la organización indígena purépecha tiene razón: validar ese formato es aceptar una burla burocrática, bajo la premisa de que la soberanía de los originarios no cabe en los tiempos gubernamentales.

De esa manera, Michoacán vuelve a ser el epicentro de una parte de la resistencia civil y del termómetro de la tensión social. Sin embargo, el Gobierno de Michoacán queda atrapado entre la línea federal y la realidad de sus comunidades. El fuego en una de las fallidas sede es una alerta para no ignorar.

Ahora, viene una batalla legal que medirá el verdadero alcance de la mentada justicia indígena. Si el Ejecutivo estatal no opera con sensibilidad política, el conflicto escalará en su espacio sin remedio alguno, sobre todo porque la legitimidad no se construye con foros exprés, sino con acuerdos horizontales y de respeto mutuo.