Horacio Erik Avilés Martínez

Gobernar es anticipar. Michoacán de Ocampo se encuentra en el epicentro de una crisis migratoria sin precedentes. Desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial, Estados Unidos deportó más de 13 mil 400 personas a México en sus primeros meses de gobierno.
Esta realidad no es producto de la casualidad, sino consecuencia directa de una restrictiva política migratoria implementada por Trump desde el primer día de su toma de posesión para conseguir la prometida deportación masiva.

Las recientes protestas de migrantes en territorio estadounidense, lejos de generar simpatía o protección, han provocado una respuesta gubernamental aún más severa. Trump se ha comprometido a llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos, y los primeros datos confirman que esta amenaza se está materializando de manera acelerada. Para Michoacán, estado que históricamente ha sido expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, esto significa el retorno masivo e inmediato de miles de familias con hijos en edad escolar.

La magnitud de esta crisis trasciende las cifras oficiales. Cada deportado representa una familia desintegrada, un proyecto de vida truncado y, en el caso de los menores, una interrupción educativa que puede determinar su futuro. Nuestro sistema educativo estatal, ya de por sí vulnerado por décadas de subinversión y negligencia, enfrenta ahora una prueba de fuego que pondrá a prueba no solo su capacidad de respuesta, sino su compromiso real con la justicia educativa y el garantismo de los derechos a estar, aprender y participar que impulsamos desde Mexicanos Primero Michoacán desde 2009.

La crisis educativa que enfrentamos no puede entenderse de manera aislada del contexto económico más amplio que vive Michoacán. Los aranceles impuestos por Trump a productos mexicanos están impactando directamente a los productores michoacanos, quienes no pueden trasladar estos costos adicionales a los consumidores estadounidenses. Esto significa que familias que dependían de las exportaciones agrícolas del estado —particularmente aguacate, frutillas y otros productos del campo michoacano— podrían enfrentar una reducción dramática de sus ingresos en el preciso momento en que deben absorber el costo social y económico de integrar a los deportados.

México envía más del 84% de sus exportaciones a Estados Unidos, y Michoacán, como uno de los principales estados agroexportadores del país, se encuentra en una posición especialmente vulnerable. Los productores de aguacate, frutillas, limón y otros productos agrícolas michoacanos que durante décadas construyeron sus mercados en territorio estadounidense, enfrentan ahora la disyuntiva de absorber los costos arancelarios o perder competitividad frente a productores de otros países.

Esta doble crisis —la llegada masiva de deportados y la contracción económica por los aranceles— crea un escenario perfecto para el colapso del ya frágil sistema educativo michoacano. Las familias que regresan deportadas requieren servicios educativos inmediatos para sus hijos, mientras que las familias que permanecían en Michoacán ven reducidos sus ingresos y su capacidad de apoyar económicamente la educación de sus hijos.
Lo anterior puede potenciarse aún más, siendo sabedores de que una de las mayores comunidades migrantes de México que residen en Estados Unidos es precisamente la michoacana. Hace dieciocho años se hablaba de una población de cuatro millones de coterráneos ubicados en aquella nación. A la fecha, ya más de un centenar de estudiantes solicitaron incorporarse al sistema educativo michoacano durante este ciclo escolar 2024-2025.
La deportación acelerada podrá generar múltiples consecuencias, como la generación de una demanda educativa que supera exponencialmente la capacidad instalada del sistema educativo michoacano. Las escuelas de los municipios fronterizos y de alta migración no tienen infraestructura suficiente para absorber la avalancha de estudiantes deportados.

También, los estudiantes deportados muy probablemente arribarán a nuestra entidad federativa con traumas profundos derivados de la separación familiar forzada, la pérdida de su entorno social y la incertidumbre sobre su futuro. Muchos han presenciado redadas, detenciones y el desmantelamiento de sus proyectos de vida familiares.
Por si fuera poco, la acreditación y validación de estudios podría volverse aún más compleja debido al incremento exponencial de casos y la falta de preparación del sistema burocrático michoacano para procesar documentación académica de manera masiva y expedita.
Los estudiantes deportados enfrentarán no solo las diferencias curriculares tradicionales, sino la presión de adaptarse inmediatamente a un sistema educativo que no les otorga tiempo de transición debido a la saturación y urgencia de la crisis.
Además, en el contexto actual, hablar inglés puede convertirse en una marca de deportación que genere discriminación, llevando a los estudiantes a ocultar o subutilizar sus competencias bilingües por temor al rechazo social.

No olvidemos que, la gran mayoría de las familias deportadas llegarán sin recursos económicos, mientras que las familias locales están viendo reducidos sus ingresos por la crisis arancelaria. Esto genera una presión económica que favorece al trabajo infantil y al abandono escolar sobre la continuidad educativa, máxime el contexto de virtual recesión que ensombrece el panorama económico para México y Michoacán en particular para este 2025.

También, los pocos servicios de apoyo psicológico y pedagógico existentes se verían completamente rebasados por la demanda masiva de atención especializada que requieren los estudiantes deportados.
Por su fuera poco, la llegada masiva de deportados puede generar actitudes xenófobas incluso dentro del propio sistema educativo michoacano, donde algunos actores pueden percibir a estos estudiantes como una carga o amenaza al orden establecido.
Así también, las familias deportadas enfrentan la presión de generar ingresos inmediatos para subsistir, lo que puede llevar a la incorporación prematura de los menores al mercado laboral informal, abandonando la escuela en territorio michoacano.
Particularmente, las regiones de mayor retorno migratorio en nuestra entidad federativa enfrentan el riesgo de posible colapso de su infraestructura educativa, con aulas sobresaturadas, falta de maestros y recursos didácticos insuficientes para atender la demanda acelerada.

En caso de masificarse la llegada de migrantes a Michoacán, se debe asumir la situación como una emergencia educativa, de tal manera que se permita la movilización extraordinaria de recursos, la contratación acelerada de personal docente y la habilitación de espacios educativos temporales en zonas de alta concentración de deportados.

Entonces, se deberán de establecer centros especializados que funcionen como espacios de transición educativa, donde los estudiantes deportados puedan recibir atención psicológica, nivelación académica y preparación para su inserción en el sistema regular.

En caso de ser necesario, se debería de formular e implementar un programa acelerado de contratación de maestros bilingües, priorizando a profesionistas deportados con experiencia educativa en Estados Unidos que puedan servir como puentes culturales y lingüísticos.

Así también, se deberían de establecer brigadas móviles que se desplacen a comunidades de alta concentración migratoria para realizar validaciones de estudios in situ, eliminando barreras geográficas y burocráticas.

Simultáneamente podrían crearse alianzas con productores agrícolas michoacanos afectados por los aranceles para generar programas de educación-trabajo que permitan a las familias deportadas obtener ingresos mientras los menores continúan su educación.

Paralelamente, se hará indispensable establecer un programa extraordinario de becas que cubra gastos de alimentación, transporte y materiales educativos para familias deportadas en situación de vulnerabilidad extrema. A la par, se deberá crear una red de apoyo psicosocial que involucre a organizaciones civiles, iglesias y comités comunitarios para brindar contención emocional y acompañamiento a estudiantes y familias deportadas.

En el proceso de inserción estudiantil, deberá de implementarse un currículo flexible que permita el reconocimiento de competencias adquiridas en Estados Unidos y la adaptación gradual al sistema educativo mexicano, sin penalizar las diferencias formativas, mientras que se desarrollen a su vez programas que no solo faciliten la adaptación de estudiantes deportados, sino que permitan a estudiantes locales beneficiarse del intercambio cultural y las competencias bilingües de sus nuevos compañeros.
Y, por supuesto, en aras de monitorear la transparencia y rendición de cuentas de este fenómeno, será necesario crear un observatorio ciudadano permanente que dé cuenta del impacto de la crisis migratoria en el sistema educativo michoacano, genere datos e indicadores confiables y proponga ajustes de política pública basados en evidencia.

La educación de los estudiantes deportados no puede ser vista como un acto de caridad o una carga extraordinaria. Es un derecho humano fundamental y una inversión estratégica para el futuro de Michoacán. Estos jóvenes traen consigo competencias, experiencias y perspectivas que pueden enriquecer enormemente nuestro sistema educativo si sabemos aprovecharlas adecuadamente.

La crisis actual nos obliga a repensar fundamentalmente nuestro modelo educativo. No podemos seguir operando con la lógica de la escasez y la exclusión, en donde menos de uno de cada cinco estudiantes que ingresan a primaria logran terminar una carrera universitaria. Necesitamos transitar hacia un modelo de abundancia educativa que reconozca en la diversidad una fortaleza, no una amenaza, brindando las condiciones para la inserción exitosa de niñas, niños y jóvenes migrantes en el sistema educativo estatal.

En contrapunto, es importante analizar esta crisis como un área de oportunidad estratégica, ya que los estudiantes deportados no son víctimas pasivas; son agentes de cambio potencial que pueden contribuir significativamente al desarrollo educativo de Michoacán si les brindamos las oportunidades y el apoyo necesarios. Su bilingüismo, su conocimiento de sistemas educativos diferentes y su capacidad de adaptación representan recursos valiosos que debemos capitalizar.

La crisis que enfrentamos es también una oportunidad histórica. Michoacán puede convertirse en el primer estado mexicano en desarrollar un modelo exitoso de integración educativa masiva de poblaciones migrantes de retorno. Este modelo puede servir como referencia nacional e internacional para otros territorios que enfrentan desafíos similares.

Desde Mexicanos Primero Michoacán llamamos al Gobierno del Estado a preparar una respuesta extraordinaria que incluya la declaratoria inmediata de emergencia educativa y la asignación de recursos extraordinarios para enfrentar esta crisis, así como la aprobación urgente de un marco normativo que garantice el derecho a la educación de poblaciones deportadas y establezca mecanismos expeditos para su integración educativa.

Llamamos a los presidentes municipales de regiones de alta migración a sumarse a esta cruzada educativa, preparando la radicación de recursos propios y gestionando apoyos federales para fortalecer la infraestructura educativa local. Convocamos a los productores agrícolas michoacanos afectados por los aranceles a convertirse en aliados de la educación, generando oportunidades de empleo digno para familias deportadas que les permitan sostener la educación de sus hijos.

Invitamos a los michoacanos a que decidan sumarse a una gran alianza por la educación inclusiva que brinde apoyo integral a las familias deportadas y al Gobierno del Estado a asumir el liderazgo moral de esta transformación, convirtiéndose en defensores activos de la dignidad educativa de todos los estudiantes.

La crisis migratoria de Trump no es solo una amenaza; es una prueba de fuego que revelará si Michoacán tiene la grandeza moral y la visión estratégica para convertir la adversidad en oportunidad. El futuro de miles de jóvenes deportados está en nuestras manos. Su éxito será nuestro éxito colectivo. Su fracaso será la evidencia histórica de nuestra incapacidad para estar a la altura de las circunstancias.

La educación inclusiva no es una opción, es una obligación moral, legal y estratégica. Michoacán puede y debe liderar la respuesta educativa más innovadora y efectiva de América Latina ante la crisis migratoria contemporánea. El momento de actuar es ahora. La historia nos juzgará por nuestra respuesta y estamos a tiempo de prever.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C