Los aranceles del 25 % al acero y al aluminio importados por Estados Unidos entraron en vigor este miércoles 12 de marzo, según el horario de Washington D.C., en medio de un panorama de incertidumbre en los mercados debido a la política comercial del presidente Donald Trump.
La imposición de estos aranceles afectará principalmente a países como Brasil, Corea del Sur, México y Vietnam en el sector del acero, mientras que en el caso del aluminio los principales afectados serán Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos.
Uno de los países más impactados será Canadá, un socio clave de EE.UU. en la exportación de estos metales. La situación se intensificó luego de que Trump anunciara que los aranceles para el acero y el aluminio canadienses se duplicarían al 50 %, argumentando que esta medida responde al aumento del 25 % en los costos de electricidad impuesto por la provincia de Ontario a las exportaciones energéticas hacia Estados Unidos.
Ante esta situación, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció una suspensión temporal de dicho incremento para los estados de Michigan, Minnesota y Nueva York. Además, informó que reanudará conversaciones con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, en una reunión programada para este jueves en Washington.
En respuesta a estos movimientos, Trump insinuó la posibilidad de reconsiderar los aranceles adicionales a Canadá, afirmando que la decisión de Ontario de frenar el alza en los precios de la electricidad podría influir en su postura.
Estos cambios han generado preocupación en los mercados financieros. Wall Street registró nuevas caídas, reflejando la incertidumbre que provocan las decisiones comerciales de la administración estadounidense.
A pesar de la volatilidad, Trump reafirmó su postura en un encuentro con empresarios, destacando que el verdadero objetivo de los aranceles no es solo la recaudación de ingresos, sino incentivar que las empresas trasladen sus operaciones a Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha implementado medidas arancelarias con el argumento de equilibrar el comercio internacional y como un mecanismo de presión sobre países como México, Canadá y China, con el objetivo de reducir la entrada de fentanilo a territorio estadounidense.