Lorena Cortés

Por cada peso que México invierte en seguridad o justicia, pierde seis debido a los efectos económicos de la violencia: menor productividad, costos médicos, daños materiales, cierre de negocios y fuga de inversión ( Índice de Paz México 2025).

En México, la violencia no solo se mide en cifras de víctimas, desapariciones o balaceras. También se mide en pesos, en puntos del PIB y en oportunidades perdidas. Y cuando hacemos las cuentas, el resultado es demoledor: la violencia cuesta más que la educación, más que la salud, más que todo lo que el Estado invierte en desarrollo social.

La violencia y el miedo a sufrirla generan disrupciones económicas profundas. No solo causan daños físicos y materiales, también alteran el comportamiento de inversión y consumo, desviando recursos productivos hacia medidas de protección. Esto reduce la productividad y limita el crecimiento económico. Por eso, medir el costo de la violencia es clave para entender su verdadero impacto en la economía.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, el costo económico de la violencia ascendió a 4.9 billones de pesos, lo que representa cerca del 18% del PIB nacional. Es una cifra tan colosal que cuesta imaginarla, pero basta un comparativo para dimensionar su impacto: el gasto en salud fue seis veces menor y en educación, más de cinco veces inferior.

Más grave aún, mientras este drenaje económico se profundiza, el gasto público en seguridad y justicia se ha contraído. Entre 2015 y 2024, el presupuesto en seguridad pública cayó 30% y el del sistema de justicia penal se redujo en 12%. En contraste, el gasto militar creció como nunca antes.

Y si miramos los datos estatales, el panorama es aún más alarmante. En Morelos, Colima y Guerrero, el costo de la violencia representa más del 35% del PIB estatal, lo que significa que más de un tercio de su economía está siendo absorbida, literalmente, por la inseguridad. En Colima, el impacto per cápita alcanzó los 89,916 pesos; en contraste, en Yucatán, el estado más pacífico, fue de apenas 12,309 pesos.

Michoacán con un costo económico de 29,340 pesos per cápita, ocupa la posición 19 a nivel nacional. Pero más allá del ranking, el dato revela una verdad más profunda, el modelo de seguridad sigue sin corregir sus deficiencias estructurales. Se sigue apostando por la presencia y no por la prevención; por la reacción, no por la justicia.

El dato más revelador es que por cada peso invertido en seguridad o justicia, el país pierde seis por los efectos colaterales de la violencia. Pérdidas en productividad, daños materiales, costos médicos, seguridad privada, cierre de negocios, fuga de inversión etc.

El verdadero desafío no es gastar más, sino gastar con inteligencia estratégica: invertir en instituciones que funcionen, en prevención social del delito, en una procuración de justicia eficaz y confiable, en inteligencia civil con controles democráticos, y en la reconstrucción del tejido comunitario. Países y ciudades que han logrado reducir la violencia como Medellín con sus programas de urbanismo social, o Bogotá y su modelo de justicia local, lo han hecho fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios, no del ejército en las calles. 

La economía de la violencia no es una metáfora: es una alerta. Y ya va siendo hora de leerla como lo que es: un fracaso estructural que nos está costando el país.