Rocha Moya y María Eugenia Campos han sido citados por la FGR para comparecer como testigos en investigaciones muy diferentes. El primero, en el marco de las indagatorias del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre su posible nexo con el Cártel de Sinaloa.

La segunda, por la presencia de agentes de la CIA en una operación conjunta con autoridades chihuahuenses para desmantelar un narcolaboratorio. No existe precedente de dos gobernadores – aunque Rocha pidió licencia hace unas semanas – de partidos diferentes siendo citados a declarar en una misma semana.

El resultado de estas indagatorias va a transformar la política del país: o refuerza la imagen de la presidenta a pesar del posible resquebrajamiento de su partido, o abre la puerta a una oposición más radical. La inacción, en cambio, someterá a México a los deseos del gigante estadounidense.

El caso de Rubén Rocha es particularmente sensible para el gobierno de la 4T. El gobernador con licencia fue respaldado contundentemente por López Obrador y por la propia presidenta Sheinbaum. Se le defendió en eventos públicos y se dio fe de su pulcritud.

“Es mi hermano”, dijo el expresidente en su momento. Hoy la situación es otra: el júbilo de la elección de 2021 se ha disipado y a la presidenta se le acaban las opciones. Juzgar a Rocha en México, o no hacer nada y poner a prueba el intervencionismo estadounidense arriesgándose a que el gobernador termine siendo juzgado en Nueva York –con todo lo que podría implicar para los “emblemáticos liderazgos del movimiento”-.

En el primer escenario, la presidenta puede salir avante a pesar del enorme costo político. La detención de Rocha Moya mandaría un mensaje contundente: “aquí no vamos a proteger a nadie”. ¿Podría resquebrajar a Morena? Seguramente.

“Más temprano que tarde, si no se crea una oposición sólida, esta saldrá de nuestro movimiento”, decía Noroña hace tan solo unos meses. Sin embargo, la segunda opción es peor. Encubrir y esperar que Estados Unidos actúe, sería continuar subordinando la justicia nacional a nuestro vecino del norte.

De la administración Trump se puede esperar cualquier cosa: se llevaron al presidente de Venezuela, ¿qué podrían hacer con Rocha? Intentar apaciguar al gigante parece inútil, ni siquiera el abatimiento de “El Mencho” trajo el reconocimiento del mandatario hacia las autoridades mexicanas. El ojo de Estados Unidos está puesto en Sinaloa y ese hecho no puede tener tranquilo a nadie en Morena.

En el caso de Maru Campos vislumbro un posible relanzamiento del discurso opositor si se comprueba su culpabilidad. Sin embargo, el escenario es muy diferente al de López Obrador durante el desafuero de 2005. La gobernadora no tiene madera de líder: es torpe en su comunicación, ambivalente en su defensa y carga con la sombra del exgobernador César Duarte.

Aun así, su situación podría ser aprovechada por una facción opositora que enarbole un discurso más radical, que sepa posicionar el argumento de la seguridad frente al anti injerencista, el de la ley y el orden frente a cualquier otro.

Si tanto Rocha como Campos terminan siendo juzgados –en el caso del sinaloense, en México– creo que vendrá el surgimiento de nuevas oposiciones. Por un lado, el derrumbe interno de un sector de Morena entre los que se consideran “más papistas” que la propia presidenta. Por el otro, la reconfiguración de una oposición más radical que enarbole la bandera de la seguridad independientemente de cualquier medio. Si se opta por no hacer nada, seguir subordinado al gigante, a la espera del golpe. En cualquier caso, el panorama es claro: viene otro país después de las investigaciones.

Emiliano Medina

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