Elección judicial abre puertas a criminales y allegados a AMLO, aseguró el dirigente nacional del PAN
Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado preocupación este domingo, alegando que el Gobierno ha facilitado el acceso al crimen organizado y a simpatizantes de Morena en la próxima elección judicial del 1 de junio.
Jorge Romero, líder del PAN, ha declarado que la elección para designar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante voto popular es un “fraude electoral”, tras la reciente aprobación de las candidaturas finales, que incluyen a individuos vinculados con Morena y supuestamente con el narcotráfico.
“La reforma al Poder Judicial impulsada por el Morena-Gobierno no solucionará los problemas de justicia en México, sino que la debilitará y podría facilitar la protección de personas asociadas con el crimen organizado”, afirmó Jorge Romero.
Acusaciones del PAN, tras aprobación de listas de candidatos por el INE
Estas acusaciones surgen luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara el jueves la lista de 64 candidatos a la Suprema Corte y 15 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), marcando los primeros comicios post-reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El INE también ha iniciado la impresión de 602 millones de boletas para estos comicios, un número significativamente mayor que el utilizado en las elecciones presidenciales de 2024.
Candidaturas de cercanos a AMLO: PAN
Según el PAN, las candidaturas presentan una fuerte presencia de figuras cercanas a López Obrador y a miembros de la gestión actual de Claudia Sheinbaum, incluyendo a Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.
Entre los candidatos mencionados por el PAN se encuentran María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de López Obrador; Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral próxima a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; Fabiana Estrada Tena, coordinadora de ponencia de Zaldívar; y Luis Rafael Hernández, procurador agrario del gobierno anterior.
“Este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación, la gente no escogerá a los jueces, estos ya fueron decididos por el Gobierno, quienes estarán a su servicio”, concluyó Romero.
