El 84.77% de las agresiones a periodistas en México quedan impunes, reflejando una crisis en la protección y justicia para la prensa.
Morelia, Michoacán.- La falta de denuncias, los recursos limitados y el bajo número de investigaciones abiertas profundizan la brecha entre la violencia contra la prensa y el acceso a la justicia, advierte Artículo 19, quien detalla que, en México, el 84.77 por ciento de los casos que llegan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) permanecen en la impunidad.
De acuerdo con el informe más reciente de Artículo 19, el dato coloca en el centro del problema no sólo la persistencia de la violencia, sino la limitada capacidad del Estado para investigar y sancionar estos delitos.
Durante 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas, lo que significó un incremento de 13.9 por ciento respecto al año anterior.
En ese mismo periodo —que abarca el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum—, cinco periodistas fueron asesinados, un indicador que refleja la continuidad del riesgo para el ejercicio informativo.
La concentración territorial de la violencia también resulta significativa, ya que la Ciudad de México; Guerrero; Veracruz; Puebla y Guanajuato acumularon 51 por ciento de las agresiones registradas.
En casi 45 por ciento de los casos, las autoridades públicas fueron señaladas como responsables, lo que añade un componente institucional a la problemática y complejiza las posibilidades de acceso a la justicia para las víctimas.
En este contexto, la desconfianza hacia las instancias de procuración de justicia se traduce en una baja denuncia, pues sólo uno de cada tres periodistas agredidos acudió a presentar una querella.
Sin embargo, incluso cuando los casos llegan a la FEADLE, los resultados son limitados, pues en 2024, esta fiscalía especializada inició apenas 84 investigaciones, una cifra marginal frente al volumen de agresiones documentadas.
El informe subraya además las restricciones presupuestales, toda vez que la FEADLE operó con 18.6 millones de pesos, menos del 0.1 por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General de la República.
A nivel federal, el gasto destinado a derechos humanos, protección de víctimas y acceso a la justicia representó 1.5 por ciento del presupuesto, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 2.5 veces más recursos que el conjunto de instituciones encargadas de la justicia y la atención a víctimas.
A ello se suma el recorte de 4.27 por ciento previsto para 2025 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Para Artículo 19, la combinación de violencia persistente, impunidad, desconfianza, debilidad institucional y restricciones presupuestales configura una crisis informativa con efectos acumulativos, es decir, menor transparencia, mayor riesgo para la prensa, debilitamiento del derecho a la verdad y una creciente concentración de poder, factores que inciden directamente en la calidad democrática del país.
