Morelia, Michoacán

Benito, Solecito y Pelusa han sido parte de la delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por años, pero ahora podrían verse condenados a la calle y el abandono.

Esto, a causa de la decisión que habría tomado el titular de la dependencia federal, Guillermo Naranjo Chávez, de desalojar a los michis, con edades de entre cinco y 10 años, cuyo cuidado ha estado a cargo del personal de la Profepa.

De acuerdo con una denuncia emitida por trabajadores de la dependencia federal y difundida por la activista animalista e integrante de la organización Jane’s Walk Morelia, Clarissa Guzmán, los michis serían retirados de las instalaciones federales, aun cuando el cuidado de los gatitos corre por cuenta de trabajadores que asumieron esta responsabilidad de forma voluntaria.

Detalló que Benito tiene más de 10 años de edad, Solecito, ocho años y Pelusa, cinco años, y “se han convertido en símbolo de la Profepa, queridos, cuidados y protegidos por la comunidad laboral y siendo parte de la vida cotidiana de quienes trabajan y visitan el sitio”.

Si bien los michis se encontraban el pasado viernes en la instancia federal, el temor del personal es que en su ausencia se tomen medidas que puedan atentar contra el bienestar de Benito, Solecito y Pelusa.

“Resulta inconcebible y contradictorio que una institución que, se supone, debe proteger al ambiente y garantizar la justicia ambiental, intente ahora abandonar a los animales que han sido parte de su identidad y que, además, representan un ejemplo de empatía y tenencia responsable”, expuso la activista.

“Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, medios de comunicación, colectivos animalistas y población en general a pronunciarse y evitar este atropello. Los gatos de la Profepa no solo son animales en situación de vulnerabilidad, sino un símbolo de la contradicción entre el discurso institucional y la práctica real. Exigimos respeto, empatía y coherencia, Benito, Solecito y Pelusa deben quedarse en casa, en la PROFEPA”, agregó la denunciante.

Lamentó Clarissa Guzmán esta situación, en un momento en que legisladores federales y activistas han presentado la iniciativa de ley ante el Senado de la República, conocida como Ley Pay de Limón, que busca tipificar el maltrato contra los animales como un delito grave.

Esta propuesta establece penas de prisión mayores a dos años, prevención de otros delitos asociados o precedidos por la crueldad contra los animales, y la educación y sensibilización de la sociedad en torno de los derechos de los animales.

Pay de Limón es un lomito que sufrió maltrato y mutilaciones a manos de presuntos integrantes de una celula delictiva.

Datos del gobierno estadounidense señalan que casi nueve de cada 10 homicidas tienen antecedentes de crueldad y maltrato contra los animales, por lo que “el maltrato contra los animales no es un tema aislado o menor, sino un termómetro social que anticipa otras problemáticas”.

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), Minerva Bautista Gómez, aunque en Michoacán los delitos contra los animales no se califican como graves, existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratarlos como tales, en hechos de crueldad.