Uruapan, Michoacán
Cada demolición, ampliación de vivienda o pavimentación deja una huella que pocas veces entra en la conversación pública: toneladas de escombro. En Uruapan no existe certeza sobre el destino final de esos residuos.
El relleno sanitario municipal no los recibe y tampoco hay información pública que permita conocer dónde terminan los desechos provenientes de obras particulares, del Ayuntamiento o del Gobierno de Michoacán.
El vacío abre una interrogante sobre el cumplimiento de la legislación ambiental en el municipio, debido a que el escombro no puede abandonarse en cualquier predio ni depositarse en sitios sin autorización.
La Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Michoacán clasifica el escombro como Residuo de Manejo Especial. Su regulación corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM), mientras que los ayuntamientos intervienen en la autorización de los sitios de disposición final y de los transportistas.
La normativa establece que toda persona o empresa que genere residuos de construcción debe contratar transportistas autorizados por el municipio para trasladarlos. También prohíbe depositarlos en barrancas, cauces, cuerpos de agua, lotes baldíos o espacios no autorizados.
Para las obras de mayor dimensión, la legislación exige además un Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, conforme a la normativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el propósito de documentar el volumen generado, su transporte y el sitio donde recibirá disposición final o reciclaje.
Pero aunque la inversión del Gobierno de Michoacán y obra es histórico, también lo será el destino de las toneladas y toneladas de escombro qué se ignora a donde van a parar, porque al relleno sanitario no llegan.
Cada carga de escombro, que es de manejo especial, debe dirigirse a un espacio distinto. Hasta ahora no existe información pública que identifique cuál es el sitio autorizado para recibir los residuos generados por viviendas particulares ni por las obras ejecutadas con recursos del Ayuntamiento o del Gobierno de Michoacán.
La falta de claridad también impide conocer si esos materiales son reciclados, reutilizados en otras obras o depositados en bancos autorizados, como prevé la legislación. Sin esa información tampoco es posible verificar el cumplimiento de los planes de manejo exigidos para proyectos de gran escala.
El manejo inadecuado del escombro representa un riesgo ambiental. Cuando se abandona en barrancas o cauces modifica el flujo natural del agua, favorece inundaciones y deteriora el suelo. En predios urbanos también puede convertirse en tiraderos clandestinos donde después se acumulan residuos domésticos.
El marco legal busca evitar ese escenario al establecer una cadena de responsabilidades que involucra al generador, al transportista y a las autoridades encargadas de vigilar el destino final de los residuos.
En ese contexto, la ausencia de información sobre el sitio donde concluyen los residuos de construcción en Uruapan plantea una pregunta de interés público: ¿quién verifica que el escombro generado por obras privadas y públicas llegue a un lugar autorizado y cumpla con el manejo que exige la ley?
