En su edición vespertina del pasado 4 de agosto, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la reforma Electoral, cuyo Decreto estará vigente desde el pasado 5 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2030, pudiendo disolverse en el momento en que la persona Titular de la Presidencia de la República determine su disolución.

Tendrá como objeto: Convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre el mismo tema; Llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral; constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como elaborar su reglamento interno.

Se integra por una Presidencia Ejecutiva de la Comisión designada directamente por la Presidencia de la República; además de la Secretaria de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Oficina de la Presidencia de la República, Coordinación de Asesores del Presidente de la oficina de la Presidencia de la República, y Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.

Dicha Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes participarán con derecho a voz, pero sin voto.

En principio, la conformación de dicha comisión transparenta la construcción de una iniciativa de reforma constitucional o legal en materia electoral, lo cual está perfectamente alineado con las atribuciones legales que tiene la Presidencia de la República, inclusive la ausencia de autoridades electorales, en su conformación, pero si en su invitación como órganos autónomos; está también alineada con el respeto a la autonomía.

Sin embargo, en la historia del último medio siglo de reformas electorales, es la primera vez que no veo un esfuerzo por construir un consenso en las reglas del juego con los principales actores de un modelo electoral: los partidos políticos. De cualquier forma, solo se trata de la construcción de una iniciativa, que deberá seguir el procedimiento legislativo establecido en la Constitución.

En estas colaboraciones he sostenido la pertenencia de una reforma electoral para corregir diferentes aspectos del impacto electoral de la reforma judicial; sin embargo, es importante subrayar la importancia del consenso entre los partidos políticos ante cualquier tipo de reforma electoral.

También a lo largo del tiempo he sostenido que si hay una materia que es de interés de la ciudadanía, es precisamente la materia electoral; por lo que todo esfuerzo por ser inclusivo, en la ruta de la ampliación de derechos y de construcción de regles electorales que sean reflejo de la pluralidad del país, es bienvenida.

Será valioso que la Comisión considere con seriedad los datos, hechos, consecuencias y problemáticas de cada una de las propuestas.

Me preocupan las descalificaciones a priori, que me recuerdan algunos maestros de mi facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, que narraban como un triunfo excluir a algunas personas por su pasado. Es decir, hacer prevalecer la descalificación de la persona por encima de la valoración de un argumento me parece muy peligroso para la democracia.

Por ello, espero que el respeto entre las partes, la valoración objetiva de la información disponible, la confrontación seria de los argumentos divergentes, permitan transcurrir a una reforma electoral que una al país y no que lo divida más.