El Estado digital en México avanza hacia la vigilancia sin transparencia, acumulando poder y datos sin control independiente.
Morelia, Michoacán.- La digitalización del gobierno mexicano avanza sin controles, sin contrapesos y sin garantías mínimas, y según el reporte anual “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México” de Artículo 19, el discurso de modernización encubre la construcción de un aparato de vigilancia sin supervisión independiente, a través de la recién creada Agencia de Transformación Digital que concentra funciones antes repartidas entre varias dependencias, incluyendo el extinto IFT.
Mientras se promueve la digitalidad como sinónimo de eficiencia, las instituciones han demostrado incapacidad tecnológica, como el colapso de CompraNet, los fallos en vacunación y los sistemas públicos incompatibles son evidencia de un Estado que ni siquiera logra operar lo que ya tiene.
Aun así, busca administrar bases de datos biométricos y la identidad digital de millones de personas.
Articulo 19 documenta adquisiciones de tecnología invasiva por parte del INM y la FGR, muchas de ellas contratadas en opacidad.
Sin INAI, no existe vigilancia alguna sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos biométricos, desde huellas y rostros hasta patrones de voz.
El Estado se convierte así en juez y parte de su propio sistema de vigilancia.
Brecha digital
La brecha digital se amplía, pues mientras se impulsa una identidad digital centralizada, millones de personas siguen sin acceso estable a internet o sin infraestructura local.
La digitalización, en lugar de democratizar derechos, profundiza desigualdades y excluye a comunidades rurales e indígenas.
El discurso oficial vende tecnología como solución mágica, pero Articulo 19 advierte que hay un tecnosolucionismo peligroso: se confía más en sistemas digitales que en instituciones capaces de garantizar derechos.
La tecnología no sustituye a los contrapesos, y menos cuando el gobierno acumula poder.
La concentración de datos en manos del Ejecutivo representa un riesgo estructural: sin vigilancia autónoma, cualquier administración puede usar información personal para fines políticos, electorales o represivos.
Las garantías de privacidad se reducen a confianza en la autoridad.
La modernización digital avanza, pero no hacia la transparencia, sino hacia el control, ante lo cual, Articulo 19 advierte que en México construye un Estado vigilante sin mecanismos para vigilar al Estado.
