Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2025

Impulsan iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica, a fin de establecer un marco nacional para solucionar conflictos comunitarios a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como prevenir el delito y mejorar la convivencia social.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, plantea que los delitos que hasta ahora admiten acuerdo reparatorio sean procesados y atendidos mediante los mecanismos de la justicia cívica y, con ello, evitar carga de trabajo y corrupción del Ministerio Público y este pueda concentrarse en asuntos de mayor gravedad.

Señala que la justicia es quizás la herramienta más poderosa para la construcción de escenarios de paz y seguridad en las comunidades.

Sin embargo, advierte que la ausencia de mecanismos de justicia cotidiana puede provocar que conflictos menores escalen a situaciones más graves y eventualmente a conductas delictivas.

La nueva legislación –indica– busca colaborar a la prevención del delito, la restauración del tejido social y el desahogo de la carga de trabajo de los Ministerios Públicos y Jueces de control, para beneficio de la justicia penal y de la lucha contra la impunidad.

Establece un mecanismo que asegura las garantías del debido proceso, por lo que contiene un proceso simplificado; sin embargo, cuenta con aquellas garantías del proceso penal acusatorio, reducido en formalidades, pero consistente en la resolución de los conflictos.

La Ley General obliga a la supletoriedad del Código Procesal Penal y de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con el fin de ofrecer seguridad jurídica, agilidad y una solución restaurativa a todos los sujetos del proceso.

Adicionalmente, garantiza la solidez y la imparcialidad de los jueces y juezas cívicos, para lo cual establece mecanismos de designación y control muy ágiles y consistentes para garantizar la carrera en este servicio público.

También obliga a la creación de diferentes programas restaurativos que permitan a las partes lograr el restablecimiento pacífico de la convivencia y la reparación del daño, ya sea a través del trabajo en favor de la comunidad o de la asistencia a actividades con componentes terapéuticos y otros procesos que permitan al infractor modificar su conducta en favor de la convivencia pacífica de la sociedad.

Enfatiza que la justicia cívica es fundamental no solo para solucionar y sancionar faltas administrativas, sino también una gama muy amplia de delitos de menor gravedad que hoy saturan al Ministerio Público e impiden que se concentre en evitar que queden impunes los delitos más graves.