La SSPC investiga el asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán, centrando la atención en la actuación de sus escoltas y los protocolos de seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha iniciado una investigación sobre los escoltas asignados a Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue asesinado en Michoacán el pasado 20 de octubre.
Según un informe de la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, Bravo Manríquez dejó de contar con escoltas al ingresar al Tianguis Limonero en Apatzingán, aunque durante su viaje desde Morelia sí estuvo acompañado por uno.
“La información proporcionada indica que el empresario limonero estuvo acompañado durante el trayecto, pero al llegar al Tianguis Limonero dejó de contar con personal para su protección”, detalló la SSPC, señalando que este será un punto central en la investigación del asesinato.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que Bravo Manríquez viajó con escolta, pero “por algún motivo hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia”.
La Secretaría de Seguridad estatal indicó que el empresario disponía de tres escoltas y un vehículo blindado antes del incidente.
Durante las investigaciones, la SSPC confirmó la detención de Rigoberto “N”, alias El Plátano, acusado de ser el presunto responsable del asesinato y de operar el cobro de cuotas a productores de limón para el grupo delictivo Los Blancos de Troya, activo en Apatzingán.
El cuerpo de Bravo fue hallado en su camioneta en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, cerca de la comunidad La Tinaja, luego de reportarse su desaparición tras prescindir de la protección oficial.
Las autoridades federales y estatales trabajan conjuntamente para determinar la responsabilidad de los autores materiales y la posible omisión de los elementos de seguridad asignados.
Protocolos de protección
El caso ha suscitado dudas sobre los protocolos de protección a personas bajo resguardo oficial, especialmente cuando los beneficiarios deciden separarse de su custodia.
La SSPC y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reafirmaron su compromiso de esclarecer los hechos y detener a todos los implicados.
Por otro lado, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) denunció que los agricultores enfrentan extorsiones y amenazas del crimen organizado, lo que ha incrementado los precios de los alimentos hasta un 20%.
En un comunicado, el Consejo condenó el asesinato de Bravo y exigió mayor seguridad para el sector, instando a las autoridades a implementar una estrategia para detener la violencia contra los agricultores.
