Consideró que calificar como “misoginia” cualquier posición crítica frente a una propuesta es un uso simplista de un término que merece respeto y seriedad

Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, celebró el retiro del dictamen que pretendía imponer la alternancia obligatoria de género en la gubernatura de Michoacán, al considerar que se trata de una medida jurídicamente inviable.

“La participación política de las mujeres es una causa que respaldo de manera firme y constante. Pero no puede utilizarse como instrumento para imponer reformas que vulneran principios constitucionales ni para favorecer intereses individuales o ambiciones personales”, sostuvo el legislador.

Barragán Vélez subrayó que la igualdad sustantiva no se alcanza mediante decretos ni cuotas impuestas, sino a través de mecanismos legales, progresivos y construidos desde el consenso democrático. En este sentido, consideró que calificar como “misoginia” cualquier posición crítica frente a esta propuesta es un uso simplista de un término que merece respeto y seriedad.

“La defensa de la legalidad no puede reducirse a etiquetas ni descalificaciones. Este es un tema que requiere un análisis jurídico profundo y una visión de Estado, no decisiones tomadas al calor de intereses coyunturales”, señaló.

El legislador advirtió que la alternancia obligatoria vulnera el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la autodeterminación de los partidos para definir sus candidaturas en un marco de paridad integral, pero sin imponer exclusiones automáticas sobre cargos unipersonales.

Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido enfático ningún estado puede imponer restricciones de esta naturaleza sobre la gubernatura. La sentencia SUP-RAP-116/2020 lo deja muy claro.

Asimismo, aplicar una reforma así al proceso electoral 2026-2027 atentaría contra los principios de certeza, legalidad e irretroactividad, generando un escenario de incertidumbre jurídica que podría poner en riesgo la validez de la elección.

“Quienes verdaderamente creemos en la justicia electoral debemos actuar con visión de Estado, respetando los principios constitucionales y evitando que la noble lucha por la igualdad se convierta en una herramienta para excluir o imponer. La democracia exige responsabilidad, no imposición”, concluyó Barragán.