Aholibama Andrade / La Voz de Michoacán

Autoridades electorales michoacanas expresaron preocupación ante la eventual infiltración de la delincuencia organizada en los procesos de elección popular de más de mil 600 juzgadores federales en México, en el marco de la reforma judicial que impulsa la cuarta transformación, a la que también señalan falta de atención a “detalles finos”, como la logística de preselección y la cartografía electoral.

La Universidad Ágora Hispanoamericana organizó una mesa de análisis para que expertos en la materia compartieran sus posturas y reflexiones respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y su posible impacto en la sociedad mexicana. En el presídium estuvieron presentes Yurisha Andrade Morales, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich); Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Partido del Trabajo (PT).

Es de destacar que esta reforma -y la modificación de 16 artículos de la Constitución Mexicana- fue impulsada en febrero del año en curso por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, reforma que será puesta a votación ante el nuevo Congreso de la Unión durante el mes de septiembre. Entre las temáticas que más han causado controversia en la opinión pública es la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

En junio del 2025 podría celebrarse la jornada electiva para renovar el Poder Judicial de la Federación, con un costo presupuestal de 3 mil 500 millones de pesos, proyectó en la mesa de análisis Reyes Galindo, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Sin embargo, para una reforma de tal magnitud se necesitan considerar tópicos de fondo, como el proceso que permita establecer la elección de jueces y magistrados sin intromisión de agentes externos, así como concretar especificaciones sobre las jornadas electorales, expusieron autoridades electorales de Michoacán.

Respecto a esto, la magistrada Yurisha Andrade comentó que dichas elecciones se han llevado a cabo en otras naciones, pero son pocos los análisis que se han realizado. La reflexión que hizo fue en torno a si en realidad la ciudadanía está preparada y capacitada para llevar a cabo una elección por voto popular en la que se elijan a este tipo de perfiles, los cuales se especializan en la materia pues se forman en una carrera judicial y a través del tiempo en que están en funciones se siguen capacitando para mantenerse en el cargo.

Otro aspecto que resaltó fue en torno a que la neutralidad se vería “comprometida”, pues usualmente en tiempos de jornadas electorales no toda la población conoce las propuestas de los candidatos, y en este caso se suma que el lenguaje y los tecnicismos judiciales no son comprendidos en lo general. Por consiguiente, recalcó que se tendría que garantizar la vía en la que los perfiles entren a la contienda apegándose a los principios de imparcialidad y sin presión de actores políticos u otros agentes externos.

El diputado Reyes Galindo, replicó que “sin duda deben de establecerse premisas importantes en este proceso de elección”. Específicamente para que sea transparente y justo, garantizando la no intromisión de partidos políticos, sin financiamiento público o privado y con un esquema que aproveche espacios oficiales en materia de medios de comunicación para que se den a conocer cada uno de los perfiles, lo cual podría garantizar la generación de un piso parejo.

En sus palabras, ésta “no sería una jornada electoral convencional, sino un proceso popular con pautas y formalidades propias de la materia”.

‘El diablo está en los detalles’

Sobre esto, Ignacio Hurtado, presidente del IEM, aseveró que es una posibilidad latente que se concrete esta reforma, por lo que cuestionó cuál será el procedimiento por el cual los diferentes poderes y la población propondrán y elegirán a los jueces, magistrados y ministros. Si bien, todavía falta precisar esta reforma, indicó que se debe tomar en cuenta cuál será la institución que llevará a cabo este tipo de elección y, sobre todo, qué tipo de elección será, es decir, por medio de urnas, en una sola jornada o de manera electrónica.

En este tenor, indicó que otro aspecto de importancia que no se debe de dejar de lado es el tipo de difusión que se le dará, “puesto que estamos en una sociedad donde tampoco nos destacamos por ser participativos”, argumentó Ignacio Hurtado, quien refirió que este aspecto tiene que ver directamente con la cultura cívica y democrática, que también se tendría que impulsar como parte de la reforma.

Además, el presidente del IEM asumió que “los poderes fácticos van a querer incidir en este tipo de procesos”, no descartando que intenten favorecer la llegada de juzgadores a modo para que les resuelvan asuntos tributarios (o de otra índole).

“El diablo está en los detalles”, alertó el árbitro electoral, exponiendo problemas técnicos de operatividad electoral. “Habría urnas? ¿Tendríamos una jornada electoral? ¿Levantaríamos una cartografía por distritos judiciales (que es muy distinta a la de los electorales)?”

Ante la crítica de los altos salarios que reciben los juzgadores, un señalamiento frecuente del presidente López Obrador y afines de la 4t, subrayó que los juzgadores necesitan garantías, como las buenas remuneraciones y la estabilidad en el empleo “para resistir los cañonazos de las grandes empresas”.

Celebran celeridad

Sobre esta preocupación, Yurisha Andrade, presidenta del Teemich, hizo un llamado a “no permitir que haya infiltración de la delincuencia organizada en este tipo de procesos”.

Al tomar la palabra, reprochó también los golpeteos políticos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los intentos de denostar a las instituciones judiciales a través de la prensa y de los medios de comunicación.

La presidenta del Teemich denunció en el foro que, en lo estatal, las magistraturas electorales han sido objeto de presiones incluso en tiempos recientes: “hasta de amenazas y denostaciones porque no nos dejamos intimidar para tomar decisiones con imparcialidad y apegados al principio de legalidad”.

Aseveró que, al impartir justicia electoral, “llegan los partidos políticos a tratar de intimidarte y hostigarte”, diciéndoles que ya saben en donde andan y qué coche traen, enviándoles mensajes para bajen sus proyectos de sentencia o para votar en contra.

En otra vertiente, Yurisha Andrade añadió que celebra que esta reforma tenga una propuesta para acelerar los tiempos (dos años máximo), porque “efectivamente hay personas recluidas en prisión esperando una sentencia”, pero gracias a estos órganos que se proponen habrá celeridad en asuntos penales, fiscales, e incluso para que la propia ciudadanía pueda manifestar inconformidades en contra de algún juez o magistrado, explicó.

“Dentro de este planteamiento de la reforma sí celebro de verdad la cuestión de que haya austeridad (...) hay excesos que se podría por default eliminar, pero por otro lado tampoco hay que escatimar en el costo de la justicia y de la democracia en nuestro país”, agregó la magistrada electoral, a la par de enfatizar la importancia del costo que tendría esta elección tanto en papelería, en organización y otro tipo de cuestiones.

Por su parte, el diputado Reyes Galindo externó que es conveniente esta reorganización al Poder Judicial con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pues permitirá que se constituyan órganos con menos estructura orgánica y por tanto serán menos onerosos, pues “lo que debe prevalecer y salvaguardarse es el principio de eficacia y eficiencia (…)”.

El petista indicó que con la creación de estos órganos supuestamente se repercutirá en abatir las prácticas de corrupción de tráfico de influencias y el nepotismo.

Al tiempo, Reyes Galindo objetó lo que le enseñaban en sus clases de Derecho: los altos sueldos son garantía judicial “para resistir ofrecimientos y jugosos sobornos”. Y aprovechó para reclamar que presuntamente hay jueces federales que evitan las extradiciones o que dejan libres a grandes capos de la droga.

Por último, los tres ponentes coincidieron en que la paridad de género debe ser un eje rector de la reforma, pero también se debe de considerar la inclusión de otros grupos vulnerables como las y los migrantes, población indígena, comunidad LGBT y personas con alguna discapacidad, lo anterior garantizando que no haya simulaciones, como sucedió en los pasados comicios.