Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2025.- La reciente persecución para atrapar al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, señalado por desvíos que ascienden a más de 44 mil millones de pesos durante su administración, destapa múltiples irregularidades documentadas por la prensa y agencias internacionales como la UNICEF. En 2022, un desfalco multimillonario habría beneficiado al excandidato a gobernador y ahijado político de Silvano Aureoles, Carlos Herrera Tello.
Apenas habían pasado unos meses de haber concluido el gobierno perredista, cuando se reveló que el saliente gobierno de Aureoles Conejo realizó licitaciones presumiblemente simuladas o irregulares en diversos contratos que en conjunto sumaban mil 127 millones de pesos, de acuerdo con una investigación del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con Milenio.
De acuerdo con la revisión de contratos sobre licitaciones para los nuevos hospitales Civil e Infantil de Morelia, que forman parte de Ciudad Salud, ubicada en realidad en el municipio de Charo y Atapaneo, se pudieron constatar irregularidades con empresas como GCQ Construcciones, relacionada con el exsecretario de Gobierno y excandidato del PAN-PRI-PRD a la gubernatura del estado, Carlos Herrera Tello, también candidato perdedor a Senador, y la empresa Samedic, de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado y vinculado a la empresa de medios Latinus. También la empresa Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan resultó favorecida de estas irregularidades.
Un peritaje de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que se realizaron 11 pliegos de observaciones, 16 recomendaciones y 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) en la mayor obra pùblica en materia de salud que se ejecutó en el sexenio de Silvano Aureoles, y en donde se invirtieron poco más de 2 mil 600 millones de recurso federal y otros 400 millones de recursos estatales: un monto total por más de 3 mil millones de pesos.
Los resultados del peritaje señalan que el excandidato perredista a la gubernatura Carlos Herrera Tello, también abanderado por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), fungió como apoderado legal de GCQ Construcciones, empresa que se habría beneficiado con 376.4 millones de pesos por medio de licitaciones simuladas.
Herrera Tello era apoderado legal de Quality Construcciones desde el año 2010, pero en 2016 la empresa cambió de nombre y con esa nomenclatura obtuvo los contratos pese a no tener experiencia en construcción de infraestructura de salud y para solventarlo se alió con otra empresa, con la que ganaron la licitaciòn para construir la tercera etapa del Hospital General.
Además, Carlos Herrara era presidente municipal de Zitácuaro cuando GCQ ganó la licitación, lo que constituye un conflicto de interés contenido en la Ley Federal de Servidores Públicos, se denunció entonces.
Uno de los dueños de la constructora GCQ es el concuño de Herrera, Juan Carlos Pérez Olivares y la firma tenía denuncias penales por incumplimiento de obras en el municipio de Tuxpan, que también estuvo bajo gobierno perredistas por personajes cercanos a Aureoles y Herrera Tello.
GCQ tuvo otro lucrativo contrato durante la administración silvanista. El otro fue en 2017, para la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) por 188.2 millones de pesos; compitió sólo contra RECAM Construcciones, la misma empresa que hizo los trabajos de mejoramiento en la Casa de Gobierno en 2020.
De acuerdo a constructores locales, estos “favoritismos” hicieron que muchas empresas constructoras del estado quebraran por la falta de flujo de recursos estatales que acaparaban algunas cuántas empresas ligadas al Gobierno estatal perredista.
