Mirador Ambiental
El jueves 22 de mayo algunos medios dieron a conocer la triste e indignante noticia de que el crimen organizado le había quitado la vida a uno de los maestros mezcaleros más reconocidos de Michoacán.
Conforme a la prensa, el trágico acontecimiento habría ocurrido en las inmediaciones de San Miguel del Monte, tenencia de Morelia, en las cercanías de Piedras de Lumbre, en una zona de alto riesgo. En sus inmediaciones se han presentado en las últimas semanas actos delincuenciales que debieron, hace tiempo, prender las alarmas gubernamentales.
De acuerdo con el Atlas Geográfico del Estado de Michoacán, Piedras de Lumbre en realidad se ubica en el municipio de Madero. Es la misma zona por donde ocurrió el asesinato del 7 de abril de Leonel Pérez, que a decir de los pobladores habría detonado la violencia que hasta ahora no ha parado.
El deplorable acontecimiento sólo confirma que los recorridos hechos por brechas y aire en el oriente de Madero y sur oriente de Morelia no disuadieron a los criminales.
A los 9 días de que el gobierno diera cuenta de 6 cuerpos primero, y luego 2, encontrados en los caminos de esa área, los criminales regresaron, como si de una burla se tratara, a exigirle a los pobladores el pago de la cuota que “les debían”.
Estas localidades están situadas en la confluencia de tres municipios, Madero, Morelia y Tzitzio.
Son localidades muy distantes de sus cabeceras municipales y también muy distantes del compromiso constitucional que los presidentes municipales deben cumplir para proteger la vida y los bienes de sus pobladores.
Ahí lo que prevalece es una gobernanza criminal.
Es en el territorio contiguo a Madero y Morelia, en Tzitzio, en donde han ocurrido, la semana pasada, enfrentamientos entre supuestos grupos criminales, y, en donde hasta ahora el gobierno ha dado cuenta de dos cuerpos sin vida. Todo indica que son los mismos grupos que se disputan el control territorial y el control sobre la economía de las localidades. Los pobladores de esta zona han tenido la mala suerte de que sus presidentes municipales los hayan abandonado.
Desde hace años se sabe de la presencia criminal en el sureste de Morelia, en San Miguel del Monte, Ichaqueo, y sin embargo, el gobierno municipal mira para otro lado; en Tzitzio ocurre lo mismo, en los enfrentamientos de la semana pasada su presidente municipal optó por esfumarse; el de Madero, que en su decir prometió proteger la “soberanía municipal” no se ha hecho presente ni tampoco ha autorizado siquiera un rondín preventivo con la fuerza bajo su mando, mucho menos ha realizado un censo para registrar y apoyar a los desplazados.
Los derechos humanos les importan un bledo, aunque en sus campañas se hayan rasgado las vestiduras prometiendo el paraíso. Parece que la consigna de sus gobiernos es muéranse en silencio, no cuestionen a la autoridad, no hagan ruido. Parece que siguen el guion, tan de moda hoy, de que lo que no se pronuncia no existe.
El asesinato del maestro mezcalero no es un hecho aislado, se trata de un evento que encaja en una estrategia de terror criminal que tiene como propósito afianzar el control territorial y el dominio sobre las personas para que continúen funcionando dentro del esquema de explotación esclavista que han impuesto aprovechando la ausencia gubernamental. Si no existe una coordinación eficaz entre el gobierno federal, el estatal y los tres presidentes municipales de la región para enfrentar, detener y llevar ante la ley a estos criminales, lo único que queda es preguntarnos ¿quién o quiénes siguen?
En Madero la población sabe de la presencia de grupos criminales en el centro y en el oriente y saben que en los últimos tiempos han expandido sus actividades subordinando a aguacateros, frutilleros, mezcaleros, madereros, resineros, ganaderos y comerciantes. Con seguridad esta información la conocen los centros de inteligencia gubernamental. La pregunta es ¿Por qué no han intervenido?
La dimensión de las operaciones criminales en México, lo sabemos, y de ello todos los días se exponen pruebas, no puede ser entendida sin la implicación de actores políticos. Ahí donde hay un grupo criminal operando con seguridad atrás de él hay uno o varios políticos que toman acuerdos para asegurarse, ellos y a los mafiosos, el ejercicio del poder sobre los ciudadanos. El crimen no habría llegado hasta donde está sin la complicidad de sectores importantes de la clase política, en los tres niveles de gobierno. Por eso, por cada capo que es detenido debería caer también el político con el cual ha tomado acuerdos.
Habrá que reconocer que la estrategia de seguridad del gobierno federal, que comienza a abandonar la ominosa y entreguista estrategia de “abrazos y no balazos”, es una esperanza para que pueblos como los situados en los límites de Madero, Tzitzio y Morelia, puedan recuperar la paz y se haga justicia a los asesinados como el caso del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra. El gobierno michoacano debe promover, como ya lo hemos dicho en esta columna, acciones contundentes para recuperar esos territorios en donde hasta ahora manda el crimen organizado.
No debieran esperar otras muertes más, tampoco más desplazados como sigue ocurriendo.
