Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- Con el objetivo de transformar el modelo de gestión de residuos en Michoacán, fortalecer la protección ambiental y reconocer los derechos de quienes trabajan en el reciclaje, Nalleli Pedraza presentó una iniciativa que busca avanzar hacia un modelo de economía circular, basado en el aprovechamiento responsable de los recursos, la reducción de desechos y la justicia social.

La propuesta plantea armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General de Economía Circular, mediante modificaciones a diversas disposiciones ambientales, de residuos, municipales, fiscales y de adquisiciones, con la finalidad de establecer mecanismos que permitan reducir el impacto ambiental de las actividades productivas y fomentar un aprovechamiento más eficiente de los materiales.

Pedraza señaló que Michoacán enfrenta desafíos importantes en el manejo de residuos agrícolas, electrónicos y urbanos, cuyos efectos repercuten en los ecosistemas, los cuerpos de agua, la calidad del aire y la salud de las comunidades. Entre las problemáticas expuestas se encuentran el abandono y la quema de plásticos utilizados en el campo, la disposición inadecuada de aparatos electrónicos y paneles solares, así como la saturación de los sistemas municipales de recolección y disposición final.

Ante este panorama, la iniciativa propone fortalecer la responsabilidad de las empresas sobre los productos y materiales que introducen al mercado, mediante sistemas obligatorios de depósito, devolución y logística inversa, que permitan recuperar los residuos y reincorporarlos a los procesos productivos cuando sea viable.

Asimismo, contempla medidas para impedir la incineración de materiales reciclables y promover una gestión diferenciada de los residuos. También plantea que los gobiernos estatal y municipales adopten prácticas de consumo responsable y prioricen, en sus adquisiciones públicas, productos durables y sustentables, contribuyendo así a reducir la generación de desechos desde las propias instituciones.

Uno de los componentes fundamentales de la propuesta es el reconocimiento del trabajo de las personas recicladoras de base y recolectoras comunitarias, quienes desempeñan una función indispensable en la recuperación de materiales, pero frecuentemente realizan sus actividades en condiciones de informalidad, insalubridad y desprotección social.
Al respecto, Pedraza destacó la necesidad de reconocer su aportación ambiental y económica, incorporándolas de manera formal, remunerada y justa en los planes de manejo de residuos de los grandes generadores.

La iniciativa busca que quienes contribuyen diariamente al aprovechamiento de materiales tengan mejores condiciones laborales, mayor certidumbre y acceso a mecanismos de protección, dejando atrás su invisibilidad dentro de las cadenas de recuperación y reciclaje.

En materia económica, la propuesta contempla incentivos fiscales para promover la inversión y el desarrollo de actividades sustentables. Entre ellos, plantea una reducción del 50 por ciento en el Impuesto Sobre Nóminas para empresas formalmente dedicadas al reciclaje, la remanufactura y la composta, además de estímulos para quienes utilicen vehículos limpios o destinen sus flotillas a la recolección ecológica.

Estas medidas buscan favorecer la creación de empleos formales, fortalecer las empresas vinculadas con el aprovechamiento de residuos y generar condiciones para que la protección ambiental también represente una oportunidad de desarrollo económico para Michoacán.

La legisladora señaló que avanzar hacia una economía circular requiere la participación coordinada de los gobiernos, las empresas y la sociedad, así como reglas claras que permitan reducir la presión sobre los recursos naturales y transformar la manera en que se producen, consumen y recuperan los materiales.

Finalmente, Nalleli Pedraza sostuvo que esta iniciativa representa una oportunidad para atender de manera conjunta la crisis ambiental y la deuda social con quienes sostienen buena parte del trabajo de reciclaje en la entidad.

Subrayó que Michoacán necesita avanzar hacia un modelo que proteja sus ecosistemas, impulse actividades productivas sustentables y garantice condiciones dignas para las personas trabajadoras, con una visión de largo plazo que permita preservar los recursos naturales para las próximas generaciones.