El colectivo #NiUnoMás denuncia omisiones del Gobierno de Michoacán en el caso de agresión a la periodista Dalia Villegas Moreno.
Morelia, Michoacán.- El Colectivo #NiUnoMás Michoacán cuestionó públicamente el proceder del Gobierno del Estado en torno a la agresión contra la periodista Dalia Villegas Moreno, ocurrida el 2 de noviembre de 2025 en Palacio de Gobierno.
A través de un posicionamiento difundido este 2 de diciembre, señalaron su “profunda preocupación” por las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de ayer, al considerar que evadió responder sobre la actuación de su administración.
De acuerdo con el colectivo, la reportera fue víctima de una agresión directa “por parte del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés y los elementos de seguridad que lo acompañaban”.
El incidente ocurrió mientras la periodista cubría una protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
El colectivo #NiUnoMás recordaron que el pasado 24 de noviembre denunciaron la negativa del gobierno estatal para entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) los videos del circuito interno de Palacio de Gobierno.
Señalaron que la administración estatal argumentó que “las videograbaciones se borran de manera automática a los dos días de ser tomadas”, por lo que el material ya no estaría disponible.
En su conferencia de ayer, el gobernador respondió que “está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la FGR investigando el tema”, y afirmó que su administración sí ha tenido comunicación con la afectada: “sí, por parte de la subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Pedraza, es quien ha estado en contacto y comunicación”.
Para el colectivo, estas declaraciones evidencian omisiones. Acusan que el mandatario “opta por aludir a las investigaciones” de la CEDH y la FGR, pese a que estas instituciones no dependen del Ejecutivo estatal.
Además, consideran que no existe una explicación clara sobre qué ocurrió con las videograbaciones solicitadas por la FGR el 3 de noviembre, pues habrían sido eliminadas el 4 de noviembre, un día después del requerimiento.
Otro de los señalamientos se centra en la veracidad del supuesto acompañamiento gubernamental a la periodista. De acuerdo con el posicionamiento, Ramírez Bedolla “miente al señalar que el subsecretario de Derechos Humanos, Rubén Pedraza, ha estado en contacto y comunicación”, al asegurar que ese acercamiento sólo ocurrió como “medida de control de daños” y no para garantizar protección o facilitar el acceso a la justicia.
El colectivo también vinculó la salida de Oseguera Cortés del cargo, el 16 de noviembre, con la crisis de seguridad y la intervención federal, y no con la agresión denunciada.
Por ello, afirman que existe una falta de voluntad para sancionar a los responsables dentro del propio gobierno.
A esto suman que las agresiones contra periodistas durante movilizaciones del 3 y 15 de noviembre tampoco han recibido una postura clara del Ejecutivo.
El pronunciamiento concluye señalando que el gobierno de Ramírez Bedolla “persiste en violentar los derechos de las y los periodistas en Michoacán”.
