Ciudad de México

En un comunicado dado a conocer a la prensa este jueves 25, Jaime Calderón Calderón, obispo emérito de la Diócesis de Tapachula, junto a varios integrantes de la iglesia católica, hizo un llamado urgente al gobierno federal y del estado para que se restablezca el estado de derecho en los municipios de la Sierra de Chiapas, frontera con Guatemala.

Los clérigos denunciaron que los enfrentamientos entre cárteles que se disputan el control del territorio para traficar droga, armas y migrantes, está provocando derramamiento de sangre, terror entre la población y desplazamiento forzado.

En un comunicado firmado por Jaime Calderón Calderón, obispo emérito de la Diócesis de Tapachula y arzobispo electo de León, Guanajuato, y por otros 15 sacerdotes, acusaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, de ser cómplices e indiferentes ante la situación de violencia.

Los religiosos pidieron a las fuerzas de seguridad que intervengan y defiendan a la población de sus agresores, ya que se está viviendo una situación de esclavitud y sometimiento en pleno siglo XXI.

“Al rezago y la pobreza ancestral que han padecido, ahora tienen que vivir secuestrados en sus comunidades, pagar el derecho de piso, tomar parte en los retenes del narco y participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”, señala el comunicado.

Según informó este jueves 25 el Instituto Guatemalteco de Migración en los últimos días más de 500 mexicanos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, escaparon a Guatemala por la violencia del narcotráfico en Chiapas.

Las familias “buscaron refugio en comunidades del municipio guatemalteco de Cuilco, fronterizo con Chiapas”, agregó el Instituto de Migración.

Precisó que junto a otras instituciones “ha preparado una comisión de asistencia humanitaria” para “identificar las necesidades de estas personas”.

La zona fronteriza de Chiapas está registrando un recrudecimiento de la violencia provocada por enfrentamientos entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, las dos mayores bandas criminales de México.