La ONG pide investigar los homicidios en México, especialmente los vinculados al crimen organizado, para mejorar el sistema de justicia penal.

La ONG, ha instado a las autoridades de México a investigar “de manera adecuada” los homicidios, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.

Según Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH, el sistema de justicia penal en México presenta graves deficiencias en la investigación de homicidios, lo que resulta en datos contradictorios sobre la clasificación de delitos en todo el país.

Fierro Hernández destacó que México tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con casi 25 homicidios por cada 100,000 habitantes según cifras oficiales de 2024.

Entre 2010 y 2024, se abrieron aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo el 17% llegó a la fase de proceso penal.

El presidente del GIDH señaló que estos crímenes están relacionados con la lucha entre grupos criminales por el control del narcotráfico y otros delitos, y no con delitos menores.

Además, muchas investigaciones no avanzan por falta de recursos, sobrecarga de trabajo en las fiscalías y escasa coordinación entre instituciones.

“En muchos casos, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos como la corrupción, estigmatización y la exigencia de sobornos para que se investiguen los asesinatos”, comentó Fierro Hernández.

También mencionó que hay numerosos reportes de amenazas contra quienes exigen justicia por homicidios perpetrados por sicarios de grupos delincuenciales organizados.

Cuando los homicidios llegan a juicio, las pruebas suelen ser débiles, fabricadas o basadas en confesiones obtenidas mediante tortura.

Torturas

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el 40% de las personas encarceladas por homicidio desde 2016 afirmaron haber sido torturadas para declararse culpables.

La falta de independencia judicial impide que los jueces actúen sin presiones políticas, agravando la crisis de impunidad. Además, las autoridades suelen asumir que las víctimas de homicidio estaban involucradas en actividades criminales.

Fierro Hernández recordó que las próximas elecciones judiciales del 1 de junio, donde se elegirán jueces y magistrados por voto popular, podrían debilitar aún más la independencia judicial.

Por ello, es necesario un plan estratégico para la persecución penal que priorice la desarticulación de grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos.

Asimismo, solicitó una mejor supervisión de las fiscalías a través de mecanismos independientes que permitan a ciudadanos y organizaciones civiles denunciar irregularidades.