La ONU-DH insta a eliminar la prisión preventiva oficiosa por contravenir derechos humanos.
Estados Unidos.-La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha expresado que la prisión preventiva oficiosa contradice los derechos humanos y debería ser eliminada.
“Ante la publicación en el DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa PPO, reafirmamos que esta figura contraviene Derechos Humanos.
ONU-DH contra la prisión preventiva en México
“La PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”, afirmó la ONU-DH.
Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó: “nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México (…). Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento”.
El 31 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos que reforman el artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa, y el artículo 21, referente a la facultad de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El decreto modificado establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar la prisión preventiva “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad”.
Además, se podrá requerir esta medida “cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
El juez podrá ordenar la prisión preventiva oficiosamente en casos de delitos graves como abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, y otros delitos específicos listados en la reforma.
Te puede interesar: Senado avala reforma para ampliar prisión preventiva oficiosa
El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2025, derogando todas las disposiciones contrarias previstas en leyes secundarias y otros ordenamientos administrativos.