Por GUILLERMO VALENCIA REYES*
Un michoacano envió dos camionetas cargadas de tinacos por la carretera Morelia–Pátzcuaro. Ese día, un grupo de jóvenes, quienes dijeron ser estudiantes normalistas de Tiripetío, les cerraron el paso y lo despojaron de sus unidades.
Cansado de presentar denuncias que se archivan, mejor dialogó directamente con quienes le retuvieron los vehículos. La tarifa para continuar era de treinta mil pesos por unidad. Esto es, extorsión con credencial de estudiante. Al final terminó dándole 10 mil pesos por unidad. ¡Hasta descuento le hicieron!
Ante la situación desesperada, publicó en Facebook. Y en ese gesto desesperado: clamar por justicia en las redes se resume la historia de Michoacán bajo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de quien vale la pena recordar es licenciado en derecho.
Cuando la denuncia llegó a oídos del mandatario estatal, la respuesta fue tan reveladora como inaceptable, en su propia rueda de prensa: “La denuncia no se presenta en el Facebook, se presenta en la Fiscalía.” Una frase que sonó más a regaño que a empatía, más a burocracia que a justicia, porque, bajo su manto institucional intentó cobijar burdamente a los extorsionadores.
El gobernador también añadió que para actuar en este tipo de delitos se requiere la denuncia formal del afectado, porque, según él, se trata de delitos patrimoniales que afectan mercancías y vehículos. Como si la humillante violación de tus garantías individuales que implica ser detenido en plena carretera y obligado a pagar para recuperar tus vehículos no fuera suficiente para aplicar la ley inmediatamente.
Sin embargo, no vivimos en una dictadura. Por ello, el argumento del gobernador se derrumba, por elemental apego al texto legal. A nivel federal, desde 2025, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria del artículo 73 constitucional, establece en su artículo 6 que este delito se perseguirá de oficio. Eso significa que la autoridad no necesita que la víctima toque ninguna puerta. Basta con que tenga conocimiento del hecho para estar obligada a actuar.
¡Y, en lo local, esta reforma la presentó él mismo, se aprobó en febrero de 2023 en la LXXV Legislatura! ¡Él mismo salió a festinarla! Nunca mejor dicha la frase que enuncia “el que hace la ley, hace la trampa”.
Y, la propia Secretaría de Gobierno del estado lo confirmó, de manera involuntaria, al señalar que, aunque en Michoacán la extorsión se persigue de oficio desde marzo de 2023, en la práctica las víctimas aún deben acudir a la Fiscalía. El reconocimiento es demoledor: la ley dice una cosa, el gobierno hace otra.
Por si fuera poco, si quisieran deslindarse de la comisión del delito de extorsión por parte de los seudo normalistas, el Código Nacional de Procedimientos Penales menciona a las redes sociales como una fuente informal de noticias criminales, mediante la cual la autoridad, al darse cuenta, debe de iniciar investigaciones. Justo, este es el caso: al tener conocimiento y no actuar, el gobernador elige ser defensor de la impunidad.
En contraste, en el PRI hemos decidido comprometernos a ser Defensores de México. Una de nuestras obligaciones es generar ese tipo de acciones de denuncia pública, porque como lo enuncia nuestro manifiesto nacional: “Ser defensor de México hoy es no quedarse callado frente un gobierno que le ha fallado a la gente”. Por ello, levantaremos siempre la voz ante los atropellos.
Hay un dato que no puede ignorarse. Mientras las víctimas de la extorsión son dirigidas a una ventanilla para que resuelvan solos su problema, el gobierno del estado mantiene intactos los apoyos económicos a la Normal de Tiripetío: más de veinte millones de pesos anuales en beca alimentaria, sin condición alguna, sin exigencia de rendición de cuentas ni consecuencia visible por los hechos ocurridos en esa carretera.
Para colmo, versiones de la propia directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del estado apuntan a que detrás de algunas de estas movilizaciones hay solicitudes de recursos adicionales, incluyendo gastos de graduación. Es decir: se extorsiona en la carretera para financiar la fiesta de fin de cursos. Y el gobierno los premia con presupuesto. Se habla hasta de más de un millón de pesos para pagar los honorarios de grupos de regional mexicano, cada fin de cursos, frecuentemente violando en sus interpretaciones la propia modificación al Código Penal del Estado de Michoacán que hicieron en la actual administración para tipificar la apología del delito. Más clara, ni el agua.
¿Cómo se gobierna cuando se elige al amigo? La pregunta es la clave para entender la lógica de este gobierno. Cuando un gobernador le dice a la víctima de una extorsión que vaya a presentar su denuncia, está tomando una decisión política: está eligiendo a quién protege. Cuando ese mismo gobernador mantiene el grifo del presupuesto abierto hacia una institución cuyos alumnos protagonizan ese tipo de hechos, está enviando un mensaje clarísimo sobre el valor que tiene la ley en su administración.
No se puede gobernar bajo intereses confesos, disfrazados de lealtades ideológicas por encima del estado de derecho. No se puede mirar para otro lado cuando los extorsionados son ciudadanos comunes y voltear con recursos públicos en la mano cuando los señalados son grupos afines al proyecto político en turno. Eso, más que gobernar, es administrar privilegios.
El michoacano que salió a gritar su impotencia en redes sociales no buscaba hacerse famoso, sino justicia. Y la justicia, en Michoacán, no debería depender de si la víctima tiene la valentía de exponerse ante una fiscalía, ni de si el responsable tiene o no credencial de estudiante. La ley es igual para todos o es privilegio disfrazado de institucionalidad.
Dime a quién defiendes y te diré quién eres. Gobernador Ramírez Bedolla, usted ya respondió.
Para los extorsionadores, impunidad y recursos; para las víctimas, que vayan a poner su denuncia.
¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!
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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán
