Vinculan a proceso a la alcaldesa de Amanalco de Becerra, Estado de México, acusada de homicidio con ventaja del síndico y su chofer
Edomex.- María Elena Martínez Robles, alcaldesa del municipio de Amanalco de Becerra en el Estado de México, se encuentra oficialmente vinculada a proceso, porque se le acusa de homicidio calificado con ventaja en contra del síndico municipal, Miguel Ángel Lara, y su chofer, cometido el 25 de enero de 2023.
Durante una extensa audiencia que duró más de tres horas, un juez del Poder Judicial del Estado de México concluyó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre las que se incluyen testimonios, entrevistas a familiares de las víctimas y declaraciones de integrantes del Cabildo, resultan suficientes para proceder con la vinculación y dar inicio al proceso penal contra la alcaldesa del partido Morena y su antiguo jefe de policía.
Mientras continúa la investigación, que tiene un plazo de dos meses y 15 días para su conclusión, Martínez Robles permanecerá en prisión preventiva en el penal de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.
Presentación de pruebas sobre el homicidio
En la audiencia se presentaron distintas pruebas, como testimonios de una llamada telefónica en la que, supuestamente, la alcaldesa ordenó el asesinato de las víctimas a causa de diferencias políticas. Se reveló también que la alcaldesa había convocado a los asesinados a una reunión en Zacazonapan, donde se cometieron los crímenes, y posteriormente, ocurrió el hallazgo de los cuerpos junto a un vehículo, el 26 de enero.
Alexander Becerril Salazar, el abogado defensor de la alcaldesa, anunció que apelarán la decisión de vinculación a proceso, argumentando que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha presentado el registro de la llamada que implicaría a su clienta en los homicidios.
“Buscamos que en efecto se vea esa debilidad para demostrar que no es suficiente para ahorita para sujetar a investigación a la presidenta municipal”, declaró.
Este caso es parte del ‘Operativo Enjambre’, una estrategia coordinada por varias corporaciones de seguridad y autoridades judiciales del Estado de México, en colaboración con el gobierno federal, dirigida a desmantelar redes de corrupción y criminalidad en la región.
En el operativo detuvieron a siete funcionarios públicos, incluyendo al exdirector de Seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, quien se suicidó antes de su captura. De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se emitieron 14 órdenes de aprehensión, cumplimentándose sólo siete, por lo que la búsqueda de los demás implicados continúa.
