La ONU-DH expresa inquietud sobre la militarización en México, advirtiendo riesgos para los derechos humanos y la democracia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) ha expresado su preocupación respecto a la nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes de seguridad que se debaten en el .
Según la ONU-DH, estas medidas consolidan una “indebida naturaleza militar” y amenazan derechos fundamentales como la privacidad y la rendición de cuentas.
ONU alerta por militarización en México
En su cuenta oficial de X, la ONU-DH ha alertado que la nueva Ley de la Guardia Nacional otorgaría a sus miembros amplias facultades de investigación e inteligencia, sin establecer controles democráticos adecuados ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Estas facultades, según el organismo, podrían contribuir a una creciente militarización de las tareas de seguridad pública en México.
El organismo internacional también ha manifestado su inquietud por las disposiciones que permitirían al Ejército procesar información de inteligencia, lo que, según la ONU-DH, pone en riesgo derechos como la privacidad, tal como se establece en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y carece de salvaguardas efectivas.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, subrayó el organismo en sus publicaciones.
Las reformas en discusión en el Congreso incluyen cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Diversos colectivos civiles y académicos han advertido que estas modificaciones podrían legalizar prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas.
Desde 2019, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando operativo del Ejército, aunque legalmente mantiene un carácter civil.
El llamado de la ONU-DH se suma a una creciente presión internacional para que el Estado mexicano garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en su estrategia de seguridad.
Actualmente, estas reformas están en el Senado después de haber recibido el aval de la Cámara de Diputados, donde su discusión continúa.
