Aunque la legislación mexicana contempla sanciones por discriminación laboral, aún no existe una medida obligatoria que garantice la inclusión efectiva de personas LGBTQ+ en el ámbito laboral, especialmente en el sector privado. Así lo advirtió Omar Cordero, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Nayarit, quien impulsa una propuesta nacional para establecer una cuota laboral del 3% destinada a esta población.

La iniciativa busca asegurar el acceso de personas LGBTQ+ a empleos dignos y en condiciones de igualdad, promoviendo su presencia no solo en puestos operativos, sino también en espacios de toma de decisiones. “Queremos diversidad sexual en los puestos de confianza”, señaló Cordero, quien aclaró que no se trata de redistribuir plazas existentes, sino de crear nuevas oportunidades.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo impone multas por actos de discriminación que van desde los 5 mil hasta más de 565 mil pesos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Inclusión considera que estas sanciones han sido insuficientes para combatir la exclusión que persiste durante los procesos de selección y contratación.

La propuesta se inspira en acciones afirmativas similares a las que ya se aplican para personas con discapacidad, y busca que tanto el sector público como el privado reserven un porcentaje específico de vacantes para personas LGBTQ+ en condiciones equitativas de desarrollo profesional.

A pesar de los avances en sensibilización y reconocimientos a empresas inclusivas, el sector privado no está obligado legalmente a contratar personas LGBTQ+. Por ello, el Consejo advierte que, sin una legislación que formalice la cuota, continuarán los patrones de exclusión laboral hacia la diversidad sexual y de género.

Fuente: HERALDO