Sin claridad, destino de 300 millones de pesos del Congreso de Michoacán: quebranto arriesga operatividad de la próxima Legislatura local
Morelia, Michoacán.- En el se habría incurrido en un quebranto financiero, con un monto que ascendería a 300 millones de pesos, sobre el cual no se ha proveído información alguna por parte de la Secretaría de Finanzas de la Cámara a cargo de Rocío Pineda Gochi al Comité de Administración y Control.
De acuerdo a la diputada Belinda Hurtado Marín, integrante del Comité de Administración, la situación financiera en la Cámara está colapsada, sin que la mayoría de los diputados puedan acceder a la información necesaria que les permita conocer el porqué.
La legisladora apuntó que las reuniones del Comité con la secretaria de Finanzas y con la Junta de Coordinación Política han resultado intensas, en ellas, se les entrega información sin claridad, que muta de un encuentro a otro, por lo que no existe certeza sobre el manejo financiero que se tiene.
El quebranto en el Congreso de Michoacán
Refirió que Rocío Pineda les informó que había un déficit en las finanzas del Congreso, y en una de las reuniones del Comité la cifra que se manejó fue de 300 millones de pesos.
Incluso en alguna de las reuniones del Comité se habría cuestionado a Rocío Pineda Gochi acerca de qué campañas electorales se financiaron con dichos recursos.
“La mayoría de los diputados estamos muy molestos por esta situación, como Comité seguimos exigiendo la información a la secretaria de Finanzas para conocer el porqué, ni siquiera la presidenta del Congreso cuenta con la información de lo que ocurre porque así se lo ha manifestado a Rocío Pineda en las reuniones que se han tenido.”
Agregó que la situación pone en riesgo la viabilidad operativa de la próxima Legislatura, la cual entrará en funciones el 15 de septiembre, y recalcó que el quebranto debe aclararse para que quienes tienen responsabilidad en ello la asuman.
Asimismo, la legisladora apuntó que conforme a lo informado al Comité, a petición del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), se basificó a más de media centena de trabajadores, aunque refirió que no existe claridad de quiénes son los beneficiados y si entre estos hay personas acomodadas por diputados.