Agencias / La Voz de Michoacán

Estados Unidos. La creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre los grupos criminales mexicanos ha alimentado una narrativa exagerada sobre su alcance, lo que podría llevar a sobrestimar su capacidad operativa en el país norteamericano.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, su gobierno ha lanzado una serie de medidas bajo la llamada “Operación recuperar Estados Unidos” (“Operation Take Back America”), cuyo objetivo incluye “la eliminación total” de las organizaciones criminales.

Una de las acciones más recientes se llevó a cabo el 6 de mayo, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (US Drug Enforcement Administration, DEA) encabezó operativos simultáneos en Nuevo México, Utah, Nevada, Oregón y Arizona. Como resultado, las autoridades decomisaron una cantidad récord de fentanilo, además de metanfetamina, cocaína, heroína, armas de fuego y alrededor de 4.6 millones de dólares en efectivo.

También fueron arrestados 16 presuntos integrantes de una organización criminal. Once de ellos, incluyendo el supuesto líder Heriberto Salazar Amaya, enfrentan cargos formales ante la corte del Distrito de Nuevo México por distribución minorista y posesión de fentanilo.

La fiscal general, Pamela Bondi, calificó el operativo como un “golpe significativo al Cártel de Sinaloa”, aunque los expedientes judiciales no detallan vínculos directos con este grupo ni se presentan cargos por tráfico internacional de drogas.

Asimismo, el administrador interino de la DEA, Robert Murphy, declaró que se trató de una “victoria de guerra en contra de una red apoyada por terroristas que inunda nuestras ciudades de muerte”.

Las afirmaciones forman parte del patrón de la actual administración de Trump para proyectar una imagen de mano dura frente al crimen organizado mexicano. Esto incluye la designación de seis grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, las amenazas de llevar a cabo acciones militares y la imposición de aranceles para presionar al gobierno mexicano a intensificar su lucha contra el tráfico de drogas.

Cárteles, sólo proveedores

Si bien es cierto que las organizaciones criminales mexicanas son las principales proveedoras de drogas en Estados Unidos −lo que ha contribuido a cientos de miles de muertes por sobredosis en los últimos años−, la cadena de narcotráfico que conecta ambos países está altamente descentralizada.

El rol principal de los grandes grupos narcotraficantes mexicanos suele limitarse a supervisar el contrabando transfronterizo y vender el producto a distribuidores mayoristas. Desde ahí, redes locales, como la de Heriberto Salazar Amaya, se encargan de la logística interna.

Esto ha permitido a los grupos mexicanos formar alianzas comerciales con mayoristas a lo largo de todo el territorio estadounidense. Según el reporte más reciente de la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han establecido contactos en casi todos los estados, con mayor presencia en grandes centros urbanos como Los Ángeles, Chicago, Houston y Atlanta. Otros grupos, como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y facciones de La Familia Michoacana también tendrían clientes distribuidos a lo largo del país.

Sin embargo, estas organizaciones rara vez asumen un papel dominante y no ejercen el control territorial como lo hacen en México.

“Las transcripciones de los juicios de narcotraficantes mexicanos sugieren que ellos tienen a pocos operadores en Estados Unidos”, dijo Peter Reuter, profesor de la Universidad de Maryland que lleva décadas estudiando los mercados de drogas en Estados Unidos.

Por ejemplo, un traficante de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, explicó a InSight Crime en septiembre de 2023 que su trabajo termina una vez entregado el cargamento a sus clientes en Los Ángeles, donde también recibe su pago. Posteriormente, mayoristas locales trasladan el producto hacia otras ciudades y lo distribuyen entre decenas de pandillas y bandas callejeras.

Aunque algunos de estos mayoristas pueden tener vínculos cercanos con las organizaciones mexicanas –por ejemplo, por lazos familiares u otras relaciones de confianza– no es estrictamente necesario. Por protección, suelen existir varias redes intermediarias, independientes o subcontratadas.

Estos arreglos ofrecen ventajas estratégicas. Para las organizaciones mexicanas, delegar algunas operaciones a grupos basados en Estados Unidos es conveniente, pues estos cuentan con información y conocimientos logísticos, además de una mayor capacidad para pasar desapercibidos en puntos altamente vigilados.

Por ejemplo, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP), cerca del 80% de las personas detenidas con fentanilo en los puertos de entrada son ciudadanos estadounidenses.

“Observamos que en [las redes de narcotráfico] entre México y Estados Unidos suele haber integrantes de ambos países, en algunos casos con ciudadanía de ambos”, dijo Cecilia Farfán, directora del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.

“Este tipo de ‘cooperación criminal’ les da una ventaja sobre los Estados que, por diversas razones, enfrentan obstáculos en la cooperación”, agregó.

Por su parte, las redes mayoristas en Estados Unidos suelen contar con diversos proveedores en México y pueden cambiar de socios si es necesario. Así, logran mantener su operación sin verse afectadas directamente por las dinámicas criminales en México.

En una entrevista con InSight Crime, por ejemplo, un distribuidor de cocaína y metanfetamina basado en Utah aseguró que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 no afectó su operación, a pesar de que las facciones del Cártel de Sinaloa son algunos de sus principales proveedores.

“Si [la facción del Mayo] no nos manda producto no pasa nada. Siempre habrá alguien que sí, esto es un negocio”, concluyó.