La reciente reforma permite a AMLO otorgar amnistía directa, generando división de opiniones sobre su impacto en la justicia
La reciente actualización de la Ley de Amnistía en México, que ahora habilita al presidente en funciones a conceder clemencia de forma inmediata a condenados por delitos diversos, ha sido formalmente anunciada en el .
Esta modificación, sancionada por el Congreso en abril de 2024, integra un artículo inédito que otorga al mandatario federal la capacidad de excarcelar a personas que proporcionen datos cruciales para el esclarecimiento de asuntos de trascendencia nacional.
El veredicto incorpora el artículo 9 a la Ley de Amnistía, detallando el mecanismo para conceder la “amnistía directa”. Conforme al DOF, la disposición es aplicable en situaciones tales como:
Artículo 9:
“Por determinación exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, se podrá conceder amnistía directa en casos específicos que cumplan las siguientes condiciones:
1. La persona beneficiada debe aportar elementos comprobables útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado Mexicano.
2. La amnistía puede ser otorgada a individuos que hayan enfrentado acción penal, estén siendo procesados o hayan sido sentenciados por cualquier delito.”
Esta enmienda será vigente a partir del día siguiente de su divulgación en el DOF.
La ratificación de esta enmienda ha suscitado debate entre los congresistas. Durante las discusiones, se expuso la posibilidad de que la nueva normativa pudiera conllevar a la liberación de personas culpables de crímenes severos, como violación, feminicidio o integración en bandas delictivas. La facción contraria alegó que las alteraciones benefician desproporcionadamente al presidente, acumulando mayor poder en su persona.
Implicaciones y reacciones
Defensores de la modificación argumentan que facilitará la solución de casos emblemáticos y promoverá justicia en escenarios donde los hechos aún permanecen ocultos. Por otro lado, detractores alertan sobre el posible uso discrecional de la norma, debilitando la división de poderes y la independencia de la judicatura.
Así, la polémica refleja la división profunda tanto en el público como entre los legisladores respecto al equilibrio entre la consecución de justicia y la preservación de los principios democráticos. La aplicación de esta modificación será determinante para evaluar su efecto en el aparato judicial y en la administración de justicia en México.
