Agencias / La Voz de Michoacán

Estados Unidos. Legisladores de Estados Unidos hicieron permanente una política federal que impone sanciones más severas por traficar con fentanilo ilícito y sus análogos, pero es poco probable que esta medida punitiva logre debilitar a los grupos del crimen organizado que trafican el letal opioide sintético desde México.

El Congreso de Estados Unidos aprobó el 13 de junio la Ley HALT Fentanyl, que convierte en permanente una enmienda temporal hecha en 2018 a la Ley de Sustancias Controladas. Esta reclasificó el fentanilo y sus análogos como drogas de tipo 1, lo que permite a los fiscales imponer penas más severas por tráfico y posesión de esta sustancia.

Luego de ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, la ley pasará ahora al presidente Donald Trump, quien deberá firmarla para que entre en vigor. Sus promotores la calificaron como un “paso crucial” para poner fin a la crisis de sobredosis en Estados Unidos, alimentada principalmente por el fentanilo ilícito. En 2024, las autoridades sanitarias registraron más de 80.000 muertes por sobredosis, lo que representa una disminución de casi 30 % respecto a 2023.

Pero quienes se oponen a la legislación han criticado que se siga apostando por políticas punitivas y advierten que esto podría socavar los esfuerzos para abordar las causas estructurales de la epidemia de opioides.

“Es impactante que los legisladores sigan creyendo que podemos resolver una crisis de salud pública con medidas policiales, a pesar de que llevamos más de 50 años viendo que eso no funciona”, afirmó este año Liz Komar, asesora de reforma de sentencia de la organización Sentencing Project, cuando la ley avanzaba en el Congreso.

Mano dura, contraproducente

La historia reciente de América Latina y Estados Unidos está repleta de evidencia de que la apuesta excesiva por medidas de mano dura resulta ser contraproducente en la lucha contra los grupos dedicados al tráfico de drogas.

“No espero que esto tenga un impacto significativo en los grupos criminales organizados de México”, dijo a InSight Crime Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del centro de estudios Brookings Institution. “Estados Unidos ya ha priorizado la destrucción de los Chapitos y del Cartel de Sinaloa en general, así como del Cartel de Jalisco, y no veo que esta reclasificación tenga un efecto dramático”.

El gobierno estadounidense ya ha intentado —y fracasado— con estrategias similares en el pasado. Durante el auge de la epidemia del crack en los años ochenta y noventa, los legisladores aprobaron una ley que impuso condenas mínimas obligatorias por delitos de drogas. Además de provocar graves desigualdades raciales en la aplicación de las sentencias, esa política saturó los tribunales y disparó la población carcelaria, sin frenar el flujo de drogas hacia el país.

Las penas por delitos relacionados con drogas también se han endurecido en toda América Latina. Gobiernos como los de México y Colombia han aumentado tanto la cantidad de artículos en su legislación penal sobre drogas como las penas mínimas más altas para esos delitos, según un estudio regional de la organización legal Dejusticia.

Sin embargo, esto no ha logrado frenar el comercio internacional de drogas. En México, las redes globales que trafican fentanilo y sus precursores junto a grandes grupos criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están más fuertes que nunca. Y en Colombia, los cultivos de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord en los últimos años, mientras los grupos criminales se expanden hacia nuevos mercados de consumo en Europa.

Además, este enfoque punitivo pasa por alto el origen de la crisis del fentanilo. En Estados Unidos, las farmacéuticas pasaron años recetando en exceso opioides potentes a millones de personas con dolor crónico y otros padecimientos. Pero cuando su uso indebido se generalizó y los reguladores endurecieron el acceso a estos medicamentos, muchos recurrieron a drogas callejeras como la heroína. Eventualmente, esta fue sustituida por una alternativa más barata y potente: el fentanilo ilícito.

“El verdadero problema es que el gobierno de Trump está recortando drásticamente los presupuestos para acceso a tratamientos y servicios de reducción de daños. Estas son políticas equivocadas que probablemente contribuirán a que las sobredosis vuelvan a aumentar en Estados Unidos”, dijo Felbab-Brown.