Por ANA MARÍA CANO
Morelia, Mich; 12 de octubre del 2026.-Justicia electoral y protección de derechos, entre los ejes a destacar de informe de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Amelí Gissel Navarro Lepe.
Este día, en Sesión Solemne, ofreció su informe de labores correspondiente al periodo 2025-2026, en el que dio a conocer los resultados de su gestión al frente del órgano jurisdiccional, así como los avances en la impartición de justicia electoral en la entidad.
Entre los principales aspectos a destacar se encuentra la resolución de medios de impugnación, la atención de controversias relacionadas con los derechos político-electorales de la ciudadanía y la actuación del Tribunal frente a denuncias por presuntas irregularidades en materia electoral.
Uno de los temas relevantes fue la violencia política contra las mujeres en razón de género, materia en la que el TEEM ha conocido procedimientos relacionados con expresiones difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales.
“En marzo de 2026, el órgano jurisdiccional resolvió un asunto en el que determinó la existencia de infracciones por contenidos que incorporaron estereotipos discriminatorios contra una persona denunciante”.
Otro punto de interés, señaló, es el trabajo jurisdiccional desarrollado mediante la revisión de acuerdos y determinaciones de las autoridades electorales, así como la garantía del debido proceso y del derecho de audiencia de las personas involucradas en controversias electorales.
En el ámbito institucional, su gestión también se desarrolla en un escenario de preparación para el proceso electoral de 2026-2027, que representará importantes desafíos para las autoridades electorales de Michoacán, particularmente por la concurrencia de elecciones ordinarias y la renovación de cargos del Poder Judicial.
El informe constituyó una oportunidad para conocer el balance de las actividades realizadas durante el primer año de su presidencia, así como los retos que enfrenta el Tribunal para garantizar la legalidad de los procesos electorales, la certeza jurídica y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Durante su presentación dio a conocer cifras concretas sobre expedientes recibidos y resueltos, sesiones celebradas, asuntos relacionados con violencia política de género, actividades de capacitación y acciones de transparencia institucional, indicadores que permitirán dimensionar los resultados del periodo informado.
