Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán

Autoridades comunales exigen al Ayuntamiento de Morelia que se realice el nombramiento oficial a Enrique Fuerte Facio como nuevo jefe de tenencia de San Miguel del Monte, esto con el fin de que los habitantes puedan transitar hacia el proceso de autogobierno.

En conferencia de prensa efectuada este miércoles, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), en conjunto con autoridades de dicha localidad, apuntaron que desde el pasado 27 de octubre se convocó a una asamblea bajo usos y costumbres en la que los pobladores eligieron a su nuevo representante, quien ya tomó protesta para asumir su cargo en la tenencia, sin embargo, refieren que el gobierno municipal de Morelia ha intervenido en el procedimiento para que puedan regirse bajo usos y costumbres, pues no ha hecho entrega de uno de los documentos que solicita el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para poder realizar la consulta y definir si continuarán o no bajo la administración de la capital michoacana.

Pável Uliánov Guzmán Macario, vocero del CSIM explicó que la autoridad electoral pide a la comunidad que presente un acta de asamblea general, así como una solicitud firmada por las autoridades para realizar el proceso de consulta, documentos que ya fueron entregados al instituto, sin embargo, compartió que el nuevo jefe de tenencia debe ratificar dicha solicitud de consulta, y para esto es necesaria la constancia que lo acredite como representante de San Miguel del Monte, misma que no ha sido entregada por el gobierno local.

“El jefe de tenencia ya fue elegido por usos y costumbres y ya tomó posesión, solamente el Ayuntamiento de Morelia no ha querido entregar la consulta para retrasar este ejercicio democrático” expresó Uliánov Guzmán.

Asimismo, las autoridades de la comunidad indígena exhortan al gobierno de Morelia, así como al Congreso del Estado y al gobierno de Michoacán a que “saquen las manos” de los temas de autogobierno en San Miguel del Monte, pues según ellos, ninguna de estas instituciones o funcionarios representan a los habitantes de la tenencia, por lo que advirtieron que cuidarán que el proceso se lleve a cabo de manera independiente y en el que los pobladores cuenten con la información adecuada para que decidan si desean administrar el presupuesto de manera directa.

En este contexto, Pável Uliánov resaltó que los comuneros realizarán reuniones internas y trabajo en las calles de la localidad para informar a la población, esto con el objetivo de que no suceda lo mismo que en la tenencia de Capula, donde se llevó a cabo una consulta organizada por el IEM y la mayoría de los habitantes optaron por no transitar hacia el autogobierno y con ello permanecer bajo el gobierno municipal de Morelia.

“El trabajo prioritario es informar a la gente para que no pase lo mismo que en Capula… Cometieron el error los compañeros de politizarlo, por eso nosotros estamos pidiendo que no intervenga nadie, el eje de la consulta va a ser la comunidad”.

Por su parte, Hugo Ramón Velázquez Hernández, presidente del Comité de Agua Potable de la comunidad indígena de San Miguel del Monte hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que emitan la revocación de la concesión del manantial La Mina, la cual fue otorgada irregularmente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a un particular para el aprovechamiento privado del líquido, lo que ha afectado el abastecimiento de todos los pobladores.

Según Velázquez Hernández, desde hace más de 20 días se firmó un acuerdo con la dependencia a nivel estatal para realizar la anulación de dicha concesión, no obstante, no se ha concretado la misma, por lo que advierten que de no resolverse esta situación se tomarán de manera indefinida las instalaciones de la Conagua.

“Hacemos el llamado para que se ponga más atención en el tema de concesiones y que se nos tome en cuenta a las comunidades indígenas en el plan hídrico nacional…”, mencionó el presidente del Comité.

Adicionalmente, compartieron para la prensa que en los últimos meses los comuneros que defienden el líquido han sido víctimas de acoso institucional y amenazas, por lo que exigieron tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como a la Fiscalía General de la República (FGR) no criminalizar la defensa del derecho humano al agua de la comunidad de San Miguel del Monte.