Morelia, Michoacán

Al considerar que la reforma para tipificar en Michoacán la apología del delito es violatoria de los derechos humanos de periodistas, activistas, artistas y la sociedad en general, este lunes 30 se presentaron al menos 20 amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

Acudieron a presentarlos individualmente miembros del colectivo de periodistas Ni Uno Más Michoacán, de la colectiva feminista MAPAS y activistas a título personal, pidiendo que se emita una suspensión provisional contra los efectos de esta reforma mientras se emite una resolución y al término, que se les excluya permanentemente.

Lo anterior, debido a que la reforma que aprobó el Congreso de Michoacán establece que se castigarán con cárcel la expresión de las ideas y las alusiones que se hagan a grupos delictivos o consumo de sustancias, así como de manera particular a quien haga mantas, lonas o calcomanías.

Patricia Monreal, vocera de Ni Uno Más Michoacán, señaló que desde su visión, esta reforma pretende que no se hable de la situación de violencia que se vive en el estado o se emitan críticas y aunque se haya modificado durante la sesión del Congreso para excluir a periodistas, sigue siendo ambigua y afecta a toda la sociedad:

“La redacción es totalmente ambigua, abierta, y no es nada más un asunto que tenga que ver con periodistas, tiene que ver con la sociedad en general, artistas, activistas, la academia, los investigadores”, dijo.

También mencionó que se presentaron los amparos hasta el último día legalmente posible porque el Gobierno del Estado publicó el decreto apenas la semana pasada en el Periódico Oficial del Estado, pero con fecha del 30 de mayo, lo que dejaba apenas unos cuantos días para promover recursos, pues legalmente sólo son 30 días naturales, pero dejó abierta la invitación a la sociedad en general para sumarse a acciones conjuntas en el futuro “porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, las cciones colectivas frente a la embestida que se está viviendoa nivel estatal y nacional es más que necesaria”.

La activista feminista Yannick Castro señaló que aunque hay grupos a los que afecta directamente esta reforma como los periodistas y las activistas, afecta a la sociedad en general, puesto que se está controlando la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual fomenta el abuso de poder, merma la democracia y genera condiciones de riesgo para estos sectores.

“Lo estmos viendo ya a partir de la reforma judicial, cuando algunas personas ciudadanas estásn recibiendo notificaciones por comentarios en Twitter”, advirtió.

Elizabeth Limón Ahumada, quien es parte de la colectiva MAPAS, expuso que decidieron sumarse a esta acción legal porque además de que se pueden ver vulneradas como activistas directamente, ellas requieren conocer la situación de seguridad que hay en la entidad, puesto que se mueven por todo el territorio.

“Nos sentimos muy alarmadas por la cero disposición de revisar una imposición discursiva, porque al final no es una medida de seguridad, de cuidado, de protección, limita el acceso a la información, a conocer lo que está pasando”, alertó.

Consideró que más que abonar a la seguridad, esta reforma la transgrede y que las medidas que están comenzando a implementarse se parecen a las que se llevaron a cabo en El Salvador.