Morelia, Michoacán
En medio de protestas de comunicadores, la mayor parte de ellos adheridos al colectivo Ni Uno Más Michoacán, los diputados locales aprobaron con 24 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones la reforma del gobernador Alfredo Ramírez para penalizar la apología del delito.
Además de castigar con entre tres y seis años de cárcel a quienes promuevan a grupos delictivos o consumo de sustancias ilícitas, se incrementará la pena “si el delito es consumado”. Es decir, si de alguna manera se acredita que un delito se cometió a partir de escuchar una canción o ver una imagen.
Queda explícitamente prohibido emitir imágenes y calcomanías, así como “cualquier objeto por cualquier medio”, que haga alusión a la delincuencia organizada o consumo de sustancias, punto sobre el cual llamaron la atención los comunicadores, pues en las notas periodísticas se hace alusión a este tipo de acciones cuando se informa sobre estos temas.
La reforma, además, prohíbe “la expresión de ideas” que de alguna manera alenten el consumo de drogas o comisión de ilícitos.
La sesión transcurrió en medio de manifestaciones de los periodistas, que antes de la aprobación de la orden del día tomaron la tribuna para exigir un parlamento abierto, recordando que tanto el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, como la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se habían comprometido a ello.
Algunos diputados pidieron retirar el dictamen para analizarlo con más cuidado, pero a la hora de la votación, estuvieron a favor del mismo o se abstuvieron de votar, entre ellos, Juan Carlos Barragán.
Sólo mantuvieron su postura en contra los diputados del PAN, del PRI, de MC y dos del Partido del Trabajo, Reyes Galindo y Diana Mariel Espinoza, pues el resto se conformó con una reserva que presentó la diputada Sandra Arreola.
Esta reserva, en teoría, exceptúa a los periodistas de las sanciones por aludir a actos delictivos, pues a la letra dice: “Quedan exceptuados de lo establecido en el presente artículo y en la fracción novena del artículo 24 quienes informen en cualquier medio de comunicación en el legítimo ejercicio de su profesión, atendiendo al derecho a la información”.
Patricia Monreal, vocera del colectivo Ni Uno Más, declaró que el colectivo no está conforme, pues la exigencia era que se discutiera ampliamente el tema y sus implicaciones y lamentó que la aprobación de la Ley Mauricio, iniciativa que presentó el colectivo para blindar el ejercicio periodístico de los discursos de odio y agresiones, se vea empañada por lo que sucedió en esta sesión.
