El Senado endurece penas contra extorsionadores a 25 años, con agravantes que pueden llevar la pena hasta 42 años.
El Senado de la República, en una decisión unánime en comisiones, ha modificado una minuta previamente aprobada por la Cámara de Diputados; El objetivo es aumentar la pena máxima de prisión para el delito de extorsión a 25 años, incluyendo agravantes.
La iniciativa presidencial, aprobada el 28 de octubre por la Cámara de Diputados, establecía penas de 6 a 15 años de prisión, con agravantes adicionales, para extorsionadores en todo el país.
No obstante, las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado corrigieron un error en la minuta de San Lázaro, ya que esas penalidades permitirían la liberación de personas sentenciadas en estados como Morelos, Quintana Roo y Michoacán, donde actualmente las penas oscilan entre 15 y 25 años de cárcel.
Para prevenir que los extorsionadores se beneficien, las comisiones del Senado han aprobado un dictamen que eleva la pena mínima a 15 años y la máxima a 25 años, aplicable en todos los estados, incluyendo la Ciudad de México.
Incrementan penas a extorsionadores
Estas penas se incrementarán hasta 17 años más por agravantes, como el cobro de piso, imposición de precios, uso del sistema financiero y extorsión contra candidatos a cargos públicos, lo que podría llevar la pena total a 42 años de prisión.
Además, el Senado ha aprobado cambios en 15 artículos de la Ley contra la Extorsión y ha añadido un artículo transitorio.
Se establece un tipo penal único para la Federación y todos los estados, sancionando a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un daño patrimonial o psicológico.
Se propone la persecución de oficio del delito de extorsión desde los centros penitenciarios y se establecen procedimientos para inhibir llamadas desde las cárceles, un foco de extorsiones telefónicas.
Otra modificación importante es la imposibilidad de obtener beneficios como libertad anticipada o conmutación de penas para los extorsionadores.
También se exige la capacitación y certificación de unidades, ministerios públicos, policías y analistas en materia de extorsión.
El documento será revisado y posiblemente aprobado por el pleno del Senado este miércoles.
