La presidenta de México recordó que la Constitución mexicana prohíbe la intervención de comunicaciones privadas, a excepción de que exista autorización judicial en casos específicos.
Ciudad de México. La Cámara de Diputados de México aprobó este martes, en lo general y en lo particular, y sin cambios, la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este miércoles que las nuevas leyes en materia de seguridad e inteligencia, aprobadas por el Congreso mexicano, permitirán al Estado espiar a la población, como algunos especialistas han advertido.
La ley obliga, entre otros puntos los concesionarios a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, los opositores llamaron a esto un “Estado policiaco”, mientras que la mayoría oficialista defendió el registro de usuarios de telefonía celular, ligado a la Clave Única de registro de Población (CURP) con datos biométricos, para combatir, dijeron, los delitos de alto impacto.
La aprobación en lo particular se dio con 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. El documento que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Con el nuevo ordenamiento, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de julio de 2014.
Se apuntó que será de orden público y establece las bases de las políticas en ambas materias, regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el despliegue y acceso a la infraestructura activa y pasiva, y los recursos orbitales.
Además de la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias.
También, se apuntó, busca garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución mexicana.
Entre otros puntos, se indicó, la citada ley garantiza el acceso al internet para toda la población; fortalece el derecho a la información y la accesibilidad a las telecomunicaciones de las zonas en marginación o de alta vulnerabilidad, mediante concesiones de uso social, comunitario o indígena exentándolas del pago de derechos.
También impulsa el acceso a la población en vulnerabilidad y con discapacidad; protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, sin afectar la libertad de expresión; refuerzan los derechos de las audiencias, estableciendo la diferencia entre información noticiosa y las opiniones; garantiza la certeza jurídica para los concesionarios.
Además, crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión.
Esta actuará con imparcialidad para dictar resoluciones, cuyo objeto es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y estará integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado.
“El gobierno no va a espiar a nadie”: Sheinbaum
Durante la “mañanera del pueblo”, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum pardo, insistió en que es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con el Estado va a espiar. “Falso, se miente deliberadamente, el gobierno no va a espiar a nadie”.
Recordó que la Constitución mexicana prohíbe la intervención de comunicaciones privadas, a excepción de que exista autorización judicial en casos específicos.
“Nosotros no espiamos a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez. En ningún momento se está espiando a nadie”.
La ley fue criticada por la oposición, que llamó al Gobierno un “Estado policíaco”, mientras que la mayoría oficialista defendió el registro de usuarios de telefonía celular, ligado a la Clave Única de registro de Población (CURP) con datos biométricos, para combatir los considerados los delitos de alto impacto.
En ese sentido, Sheinbaum explicó que el Sistema Nacional de Inteligencia y Registro de Identidad, tiene una función operativa, no de vigilancia.
“(Es) para tener una plataforma única de información. La CURP, ya la ley de población desde hace mucho tiempo, había definido la CURP como el número de identidad desde hace tiempo. No es que sea algo nuevo”.
Mientras que el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, detalló que la norma establece que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes, a través de mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.