Horacio Erik Avilés Martínez*
Una vez más, se ha difundido, que Michoacán ocupa el primer lugar nacional en reducción del rezago educativo. Esta proclama no es nueva. Desde el 14 de agosto de 2025, cuando el INEGI publicó, asumiendo la función que antes correspondía al CONEVAL, la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, las autoridades estatales han repetido insistentemente esta narrativa: que Michoacán redujo su rezago educativo en 3.2 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, superando a Querétaro (3.1) e Hidalgo (2.0). El mensaje ha sido uniforme, entusiasta y deliberadamente incompleto.
Esa proclama constituye una falacia estadística, la cual no resiste el escrutinio de los propios datos oficiales, de la metodología del INEGI y de la realidad que viven todos los días las niñas, niños y jóvenes michoacanos. No lo hago para negar que se registró un movimiento en el indicador. Lo hago porque una estadística sin contexto es propaganda disfrazada de evidencia.
Hay que partir del origen del dato. El 17 de julio de 2025, mediante reformas a la Ley General de Desarrollo Social, el INEGI asumió formalmente las funciones que durante 20 años correspondieron al extinto CONEVAL, incluyendo la medición bienal de la pobreza multidimensional. El 13 de agosto de 2025 presentó los resultados para 2024.
El propio organismo señaló que mantendría la metodología del CONEVAL y la ENIGH como fuente de información. Sin embargo, la ENIGH 2024 introdujo cambios importantes: la adopción de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (CCIF) 2018, nuevos catálogos de gastos del hogar y modificaciones al cuestionario. Estos cambios, reconocidos en la nota técnica oficial, pueden afectar la comparabilidad de los resultados y generar variaciones en el cálculo de las carencias que no necesariamente reflejan cambios reales en la vida de las personas.
Pero hay algo más fundamental que eso. El indicador de rezago educativo, en el marco de la pobreza multidimensional, no mide aprendizajes, no evalúa la calidad educativa, no registra si un estudiante sabe leer comprensivamente o resolver operaciones matemáticas básicas. Es, en términos técnicos, una carencia social que determina si una persona, en sus propios dichos, no completó la educación obligatoria en la edad esperada.
Así, mejorar ese indicador no implica necesariamente que haya más escuelas, mejores maestros o que los estudiantes aprendan más. Factores externos, como los cambios demográficos, migración o la mortalidad pueden mover ese número sin que la educación, como derecho y práctica, haya avanzado un centímetro. Esta distinción es ética. Presentar una reducción en este indicador como un “logro educativo profundo” es engañar a las familias michoacanas sobre lo que realmente ocurre en sus escuelas.
Aquí está el corazón de la falacia: se presenta como “primer lugar nacional” una medición de velocidad de cambio en el indicador, confundiéndola con una medición del estado absoluto de la educación en el estado. Son cosas radicalmente distintas.
Los propios datos del INEGI revelan que, en 2024, el porcentaje de la población michoacana en situación de rezago educativo fue del 25.8%, aproximadamente un millón 270 mil personas. Este es un dato revelador, porque, además de ser personas con nombre y apellido padeciendo la cadena perpetua de las consecuencias de la baja escolaridad, también son una cifra superior a la de todos los estudiantes de Michoacán, quienes suman un millón 247 mil.
El promedio nacional fue de 18.6%. Michoacán está 7.2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y se ubica en el grupo de los cinco estados con mayor rezago del país, sólo por debajo de Chiapas (34.0%), Oaxaca (30.2%), Guerrero (28.3%) y Veracruz (26.3%).
En contraste, los estados con menor rezago educativo son Ciudad de México (8.5%), Coahuila (13.3%) y Nuevo León (13.3%). Michoacán tiene el triple del rezago de los estados mejor posicionados.
Celebrar que se pasó de ser el cuarto peor al quinto peor o que se redujo el rezago más rápido en términos porcentuales en un bienio no es lo mismo que ser líder educativo. Es como celebrar que el paciente en la sala de urgencias, aunque sigue grave, mejoró su temperatura en décimas más rápido que otros enfermos. El contexto importa.
El propio comunicado del INEGI aclara que solo cinco entidades federativas lograron disminuciones estadísticamente significativas en rezago educativo entre 2022 y 2024. Sin embargo, los comunicados de la SEE en ningún momento aclararon si Michoacán es una de esas cinco entidades o si su reducción de 3.2 puntos porcentuales supera la prueba estadística.
Una variación que no es estadísticamente significativa puede ser, en términos técnicos, simple ruido estadístico: variación natural por los márgenes de error de la encuesta, no un cambio real en las condiciones de vida de la población. Silenciar este detalle convierte una fluctuación muestral en un triunfo histórico.
Si el rezago educativo es simplemente un conteo de cuántas personas no completaron la educación obligatoria en edad esperada, entonces ese número puede bajar por razones completamente ajenas a cualquier política pública educativa. En Michoacán, hay al menos cuatro mecanismos que explican la reducción:
A. Los muertos que ya no se cuentan
Michoacán registró 10,798 homicidios dolosos entre 2020 y 2024. Querétaro, el estado que nos disputó el “primer lugar”, tuvo en el mismo período 1,095 homicidios. La diferencia es de 9,703 vidas.
En 2024, de las mil 632 víctimas de homicidio doloso en Michoacán, 823 (54.28%) tenían más de 15 años y no habían concluido la educación secundaria. En 2023, esa cifra fue de 962 personas (56.75%). En 2022, de 1,251 (59.45%). Cuando una persona en situación de rezago educativo muere, deja de contarse en el numerador del indicador. El rezago baja. Nadie estudió más. Nadie aprendió más. Simplemente, hay menos personas vivas en esa condición.
A esto se suman más de 3,000 personas desaparecidas en el estado entre 2020 y 2024 (854, 254, 419, 799 y 854 en cada año respectivamente). Las personas desaparecidas tampoco se contabilizan en las encuestas de hogares. Si eran personas en rezago educativo, contribuyen a reducir artificialmente el indicador.
B. El efecto COVID: mortalidad selectiva y rezago que se evapora
Michoacán registró 8,713 muertes oficiales por COVID-19, con un exceso de mortalidad de 7,949 personas solo en 2020. Investigaciones académicas han documentado que hasta el 71% de quienes murieron por COVID-19 no habían completado la educación básica, y la mayoría tenía entre 40 y 69 años. Cuando esas personas fallecen, desaparecen de la encuesta y el rezago disminuye estadísticamente. No porque alguien haya aprendido algo: porque el problema se murió con las personas que lo padecían.
C. La migración: el rezago que se va al norte
Michoacán es históricamente uno de los principales estados expulsores de migrantes en México. La migración no es captada correctamente por la ENIGH, que es una encuesta de hogares. Las personas que migran dejan de ser parte del universo de la encuesta en el estado. Su ausencia reduce el denominador del indicador local. Michoacán tiene una de las tasas de migración más altas del país.
D. La matrícula que se evaporó
El arranque del ciclo escolar 2025-2026 el sistema educativo michoacano reportó 1,247,021 estudiantes, frente a 1,267,647 del ciclo anterior. Eso significa 20,626 estudiantes menos, equivalentes a la población de más de 60 municipios michoacanos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Las autoridades no lo han explicado. Estudiantes que abandonaron el sistema también pueden dejar de computarse en el rezago si no son rastreados por la encuesta. Peor aún: ¿cómo se atreven a decir que sacaron del rezago educativo a 159 mil personas, si la matrícula nunca aumentó?
En otras palabras, parafraseando al titular de la SEP, las personas que no se matriculan en la escuela, no pueden salir del rezago educativo. Más aún: No hay evidencias de que se hayan desarrollado políticas públicas para personas de 15 años o más, de tal suerte que hayan sido atendidas, por definición. No hay manera de que las autoridades educativas estatales demuestren que atendieron a 159 mil personas en educación básica en este periodo gubernamental y que los hayan certificado egresando de educación básica. Aducir que las transferencias monetarias que se están implementando para la población ya inserta en el sistema educativo generan esas becas es absurdo, porque no corresponden a la población objetivo de una política de abatimiento del rezago educativo.
Adicionalmente, entre el ciclo 2023-2024 y el cierre de 2024-2025, el estado pasó de 84,517 a 83,493 docentes: 1,024 maestros menos. ¿En qué mundo es posible combatir el rezago educativo reduciendo la planta docente?
IV. Lo que los comunicados no dicen: la realidad en las aulas
Mientras la SEE celebra el “primer lugar”, los datos que el propio sistema produce, pero no difunde, cuentan una historia muy diferente:
- Transparencia metodológica inmediata.
La SEE debe publicar la metodología completa utilizada para sus cálculos de rezago educativo, cruzada con datos demográficos de mortalidad, migración y desapariciones. Que los ciudadanos podamos ver cómo se llega a la cifra de “159,400 personas menos en rezago”, persona por persona y que se demuestre que, efectivamente, se hizo algo por ellos. Que una institución académica independiente valide ese número. - Dónde están los 20,626 estudiantes que desaparecieron de la matrícula.
Son personas reales. O están en rezago educativo y no se contaron, o abandonaron el sistema, o algo peor. - Un sistema de evaluación de aprendizajes reales.
El rezago educativo como carencia social no mide si los estudiantes aprenden. Exigimos la implementación urgente de un sistema estatal de evaluación continua que mida comprensión lectora, habilidades matemáticas y competencias básicas. - Atención estructural a la violencia en las escuelas.
120 menores asesinados en un ciclo escolar no son un accidente estadístico. Son el fracaso del Estado para garantizar el derecho a la vida, sin el cual el derecho a la educación no puede ejercerse. Urge un Observatorio Estatal de Seguridad Escolar con participación de sociedad civil. - Que se deje de hablar de “primer lugar” y se empiece a hablar de “millón doscientas setenta mil personas”.
Ese es el número real de michoacanos que en 2024 aún no han completado la educación a la que tienen derecho. Cada una de esas personas tiene nombre y apellido. Cada una merece políticas públicas, escuelas dignas, maestros presentes, aulas seguras y la certeza de que el Estado realmente está de su lado.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
