Lima, Perú. El expresidente peruano Pedro Castillo, elegido en 2021 y destituido en 2022, afronta desde este martes su primer juicio oral por el intento de golpe de Estado a final de 2022, detenido en la prisión de Barbadillo y con su familia asilada en México desde ese momento.

La Fiscalía pide 34 años de cárcel para Castillo por haber anunciado, en televisión nacional, el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la creación de un gobierno de emergencia el 7 de diciembre de 2022.

Defensa de Castillo

El exgobernante rechaza las acusaciones de la justicia peruana al asegurar que el «autogolpe» no se ejecutó, pues no contó con el respaldo de los altos mandos militares, y varios de sus ministros desconocían de este mensaje y renunciaron en masa en los minutos siguientes.

Solo dos funcionarios lo respaldaron en su decisión y son también investigados en este proceso: la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su antecesor Aníbal Torres.

El entonces ministro del Interior, Willy Huerta, se ha desmarcado de la intentona, pero ha sido incluido también en el proceso, además de tres exoficiales de policía. A los seis implicados se les acusa de ser coautores del delito de rebelión.

Eludió acusaciones de corrupción

Con el intento de golpe, Castillo pretendió eludir una tercera destitución presentada por el Congreso opositor para declarar su «permanente incapacidad moral» por una serie de denuncias vinculadas a la supuesta existencia de una organización criminal en el interior del Ejecutivo.

El también sindicalista y docente de profesión era investigado por la Fiscalía por el supuesto ascenso irregular de oficiales en las Fuerzas Armadas, así como por el presunto pago irregular para la adjudicación de la construcción del Puente Tarata III.

Asimismo, Castillo es investigado por presunto tráfico de influencias en la designación de empresas concesionarias de la explotación de lotes de petróleo, a cargo de la controvertida empresa estatal Petroperú.

Familia investigada

El entorno más cercano de Castillo también quedó comprometido en sonados casos de presunta corrupción, como su sobrina Yenifer Paredes, a quien le daba el trato de hija mayor, por presunta colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en un proyecto de agua potable.

De la misma forma, su sobrino Fray Vásquez es investigado por vínculos con el prófugo exministro de Transportes Juan Silva por el caso de corrupción del Puente Tarata III.

Prisión preventiva ratificada

Aunque Castillo ha presentado varios recursos para solicitar su excarcelación de la prisión, en la que también está recluido el sentenciado expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), los jueces han ratificado su detención preventiva por el riesgo de fuga inminente, dado que su esposa y dos hijos menores viven en México, asilados por el gobierno de ese país.

Precisamente, Castillo fue detenido en Lima, horas después de su anuncio de «autogolpe», cuando se dirigía en un vehículo oficial a la Embajada de México junto a su familia.

La aprobación de su destitución en el Parlamento aceleró su detención por parte de sus propios escoltas y su reclusión, casi inmediata, en el penal de Barbadillo, donde permanece desde entonces.

Reducidos apoyos

Su detención y la designación como jefa de Estado de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, como estipula la Constitución, provocó que miles de ciudadanos protestaran en diversos puntos del país, unas manifestaciones en las que murieron 49 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Pero este apoyo a Castillo por una parte de los peruanos se ha ido desdibujando tanto en las calles como en la política y ahora ni los miembros de su partido marxista Perú Libre parecen acordarse del expresidente.